El presidente de Perú, Alan García, exigió hoy que el nuevo Código Procesal Penal (CPP) se aplique a los casos de corrupción, lo que reduciría de años a meses o semanas el tiempo necesario para resolverlos judicialmente.
"Estamos exigiendo que el Código Procesal Penal nuevo, que permite la solución rápida de los juicios de manera oral y en algunos meses o días, se aplique a los temas de corrupción", anunció hoy García a los periodistas.
El gobernante dijo que, de esa manera, se podrán castigar esos casos "sin tener que esperar años, como está ocurriendo con la vieja legislación", aún vigente en varios regiones del país, incluida Lima.
El mandatario, que declaró tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada hoy en el Palacio de Gobierno, agregó que, de ser necesario, el Poder Ejecutivo emitirá un decreto para ordenar la aplicación del nuevo código a los casos de corrupción.
García se refirió explícitamente al caso conocido como de los "petroaudios", en donde una serie de escuchas telefónicas ilegales sacó a la luz una trama corrupta en la concesión de lotes petroleros y espionaje a políticos, periodistas y empresarios.
En 2008, según recordó el presidente peruano, se presentó al Congreso una iniciativa legislativa para que el nuevo código pudiera aplicarse a los casos de corrupción, sin embargo, ésta nunca fue aprobada.
"Esto hubiera permitido que el tema de los 'petroaudios' hubiera sido rápidamente investigado, juzgado y sancionado. Pero como no se aprobó este proyecto, han transcurrido 18 meses y no tenemos resultados oficiales del Ministerio Público y de los jueces", se quejó el gobernante.
El escándalo de los "petroaudios" salió a la luz cuando un medio periodístico publicó las conversaciones, grabadas ilegalmente por la empresa privada de seguridad Business Track (BTR) a funcionarios del Estado con allegados a la empresa noruega Discover Petroleum, ganadora de una licitación para la exploración de lotes petroleros en octubre de 2008.
Las grabaciones revelaron negociaciones bajo la mesa para que Discover ganase la licitación con el presunto aval de los jefes de organismos estatales a cargo de la adjudicación.
Ante el escándalo, el gabinete del entonces presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, renunció por la presunta responsabilidad de varios ministros en las irregularidades.
