El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, no acabó de sacudirse en su primer año en el poder la crisis política surgida por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 a Manuel Zelaya, quien sigue exigiendo su regreso incondicional al país.
La vuelta de Zelaya a Honduras sigue siendo una asignatura pendiente en la administración de Lobo, quien ha reiterado al ex gobernante derrocado que él mismo podría ir a traerlo a República Dominicana, donde reside como "huésped de honor", y que no será encarcelado por los delitos que le imputa el Ministerio Público.
Zelaya y varios de sus más cercanos colaboradores están acusados de abuso de autoridad y otros delitos ligados a actos de corrupción, lo que el ex presidente rechaza y alega que forma parte de una persecución política por parte de los mismos que lo derrocaron.
Tras asumir el poder el 27 de enero, ante una escasa representación internacional debido al golpe de Estado a Zelaya, Lobo inició una ofensiva diplomática en el exterior en busca del reconocimiento a su gobierno, lo que comenzó a lograr gradualmente.
Países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Belice, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú y Chile fueron de los primeros en reconocer al Gobierno de Lobo, decisión que luego también adoptaron varias naciones de Europa y Asia.
De unos 112 países con los que Tegucigalpa mantiene relaciones diplomáticas y consulares, alrededor de 106 han reconocido a su gobierno, mientras que la comunidad financiera internacional comenzó a normalizar su cooperación con Honduras, una de las naciones más pobres de Latinoamérica.
Paralelamente al respaldo político a Lobo, la comunidad internacional ha seguido exigiendo el regreso de Zelaya al país y que cesen los casos de violaciones a los derechos humanos que con alguna frecuencia denuncian organismos no gubernamentales.
Como parte de su promesa de campaña, de buscar la reconciliación entre los hondureños, que quedaron divididos política y socialmente, Lobo instaló el 5 de mayo pasado la Comisión de la Verdad y Reconciliación (RVC), bajo la coordinación del ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein.
Además, creó una Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
La CVR tiene como objetivo principal indagar sobre lo ocurrido antes, durante y después del 28 de junio de 2009, cuando Zelaya fue sacado por los militares del poder y del país y enviado a Costa Rica, en una acción que el Parlamento calificó de "sustitución constitucional".
Zelaya fue derrocado cuando promovía una consulta popular para reformar la Constitución, pese a que tenía impedimentos legales para ello.
El ex presidente no reconoce a la CVR porque en su opinión es un organismo surgido de un gobierno que es la continuación del golpe de Estado, del que Zelaya también acusa a los Estados Unidos, aunque también clamó por ayuda a Washington para que se le restituyera en el poder.
En medio de la polarización política y social, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que exige el regreso incondicional de Zelaya, instaló el 28 de junio, a un año del golpe de Estado, su propia Comisión de Verdad, también integrada por nacionales y extranjeros.
Esa Comisión de Verdad, surgida del seno del FNRP y de una Plataforma de Derechos Humanos, la preside la ecuatoriana Elsie Monge.
El grupo de trabajo comenzó a conocer el 2 de noviembre pasado las violaciones a los derechos humanos a partir de la ruptura del orden democrático en Honduras.
El trabajo de la comisión está orientado a desarrollar "un proceso de investigación para situarlo en sus elementos históricos, políticos y sociales acerca de las causas, los efectos y los resultados del golpe de Estado", según Monge.
Lobo considera que políticamente el país está mejor que en 2009, por el reconocimiento que ha tenido su Gobierno, aunque Honduras sigue suspendida de la Organización de Estados Americanos (OEA), desde el 4 de julio de 2009.
El regreso de Honduras a la OEA ha dejado ser una prioridad para Lobo, quien dice que más tarde o más temprano cambiarán de opinión los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que se siguen oponiendo al regreso de su país al organismo.
El rechazo a Honduras de la ALBA y la UNASUR quedó patente en la XX Cumbre Iberoamericana que se celebró a comienzos de diciembre en Mar del Plata, Argentina, cuya presidenta, Cristina Fernández, en su calidad de anfitriona, no invitó a Lobo.
