La Procuración General de Argentina dictaminó que la Corte Suprema es competente para dirimir una demanda de una provincia contra el Gobierno nacional por la polémica Ley de Medios Audiovisuales aprobada en octubre pasado por el Parlamento, informó hoy el diario Clarín.
La decisión, que no supone un pronunciamiento sobre la validez del reclamo de la provincia de San Luis (centro), fue adoptada por la procuradora general adjunta, Laura Monti.
"En atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, corresponde a la competencia originaria de la Corte", señaló el dictamen.
Después de que el Parlamento aprobara el 10 de octubre la Ley de Medios Audiovisuales, en medio del rechazo de parte de la oposición y de las grandes empresas periodísticas que ven afectados sus intereses, fueron planteadas varias acciones de amparo contra esta norma.
Una de ellas fue promovida por el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, uno de los dirigentes que aspiran a la Presidencia del país en 2011, quien pidió declarar la inconstitucionalidad de la ley por considerar que "atenta contra la libertad de información" y supone un "agravio a la jurisdicción provincial".
El gobernador sostuvo que la ley busca controlar los contenidos de los medios de los distritos del país, interfiere sobre las empresas que son de alcance provincial y crea gravámenes inconstitucionales.
Mientras el oficialismo, que impulsó la iniciativa, ha interpretado que la ley permitirá "democratizar definitivamente" la comunicación en Argentina, algunos sectores de la oposición y periodísticos consideraron que la nueva norma dará al Ejecutivo "mayor poder" sobre los medios de prensa.
El texto establece que una empresa no puede tener más de 10 licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha suscitado entre las empresas con intereses en el sector.
Desde el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de la presidenta Cristina Fernández, el Ejecutivo mantiene una tirante relación con la prensa y en los últimos años profundizó su enfrentamiento con el mayor conglomerado mediático del país, el Grupo Clarín, propietario de medios gráficos, televisivos, radiales y digitales.
En tanto, las compañías españolas Telefónica y Prisa controlan el canal de TV abierta Telefé y la bonaerense Radio Continental, respectivamente, mientras que en distintos medios de televisión y radio hay presencia de capitales mexicanos y estadounidenses.
