El primer vicepresidente peruano, Luis Giampietri, vicealmirante retirado de la Marina de Guerra, criticó hoy la condena de 25 años de prisión para el ex militar Víctor Ariza porque el espionaje atribuido a él es "uno de los peores delitos que puede cometer" un uniformado.
Giampietri dijo, en declaraciones a Radio Programas del Perú, que Ariza ha sacado una condena "barata" porque el fiscal pedía 35 años de prisión por haber espiado para Chile y vender información clasificada, según la acusación.
La sala penal judicial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), instancia del Tribunal Supremo Militar-Policial, halló ayer culpable a Ariza del delito de traición a la patria en tiempo de paz, por lo que además le impuso una reparación monetaria al Estado de 700.000 soles (247.734 dólares).
El primer vicepresidente agregó que "cuando uno entra al servicio militar o a las Fuerza Armadas, entra con la conciencia de que va a defender a la patria".
En ese sentido, el espionaje atribuido a Ariza "es uno de los peores delitos que puede cometer un militar, tanto es así que durante la guerra simplemente se fusila".
"No sé si habrá detalles del tema, si hubo una confesión sincera o esos detalles, pero creo yo que lo que pidió el fiscal era lo correcto: 35 años", puntualizó Giampietri.
El fallo fue apelado por la defensa del suboficial y por la fiscalía militar policial, que había pedido una condena de 35 años de cárcel y una reparación civil de un millón de soles (353.907 dólares).
El tribunal absolvió a los otros oficiales y suboficiales de la FAP que fueron implicados en el proceso.
Ariza fue detenido el 30 de octubre de 2009 en Lima, acusado de haber entregado a Chile secretos de Estado que implicaban las adquisiciones militares peruanas programadas hasta 2021 y los planes de entrenamiento y capacidad operativa de la Fuerza Aérea.
Cuando se conoció el caso, las autoridades peruanas solicitaron a Chile una investigación sobre el tema, ya que se denunció la supuesta implicación de dos miembros de la Fuerza Aérea Chilena, pero la Fiscalía de ese país decidió en marzo pasado no abrir ninguna investigación judicial.
