Las tierras que fueron abandonadas de manera forzada o arrebatadas a colombianos desplazados en los últimos treinta años suman 6,65 millones de hectáreas, según un estudio divulgado hoy en Bogotá por un comité no gubernamental.
La cifra supera en 1,15 millones el total de área de 5,5 millones de hectáreas abandonadas o despojadas a los desarraigados que habían estimado estudios anteriores elaborados por organizaciones no gubernamentales (ONG) del país.
Los 6,65 millones de hectáreas es un área que "equivale aproximadamente al 12,9 por ciento de la superficie agropecuaria del país", resaltó el investigador Luis Jorge Garay en la presentación a la prensa de las conclusiones del estudio.
El informe corresponde a los resultados de la III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada 2010, realizada por la llamada Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado y que tiene como destino la Corte Constitucional.
Un total de 10.433 hogares de desarraigados fueron entrevistados para este estudio, cuyas tareas de campo se realizaron de julio a agosto pasado en 68 municipios de 26 departamentos colombianos.
"Esta es la encuesta más ambiciosa (sobre desplazados) que se ha hecho en Colombia", sostuvo Garay, que hizo de director general de esta investigación y que conforma dicho comité junto a otros trece expertos, estudiosos y líderes sociales.
Garay destacó que 149 de las 377 preguntas de la encuesta se ocuparon del problema de tierras, ingresos y patrimonio de los desplazados, que suman unos 4,2 millones de personas desde 1980, el 40 por ciento de ellos en éxodos masivos.
El 32 por ciento del total del desplazamiento se le atribuye a los grupos paramilitares y el 26 por ciento a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Este alcance llevó a los investigadores a concluir que la población desarraigada por el conflicto armado en Colombia ha perdido mucho más que tierras.
El 83 por ciento de los expulsados inscritos en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD, oficial) reporta que "perdió algún bien", sin contar los muebles del hogar.
En este sentido, Garay indicó que el 72 por ciento de los desplazados dijeron haber perdido animales, el 50 por ciento maquinaria y equipo, el 42 por ciento tierras, el 32 por ciento cultivos, el 24 por ciento infraestructuras productivas y el 19 por ciento bienes raíces no rurales.
Mientras, el 78 por ciento de la población desarraigada no inscrita en el RUPD dijo haber perdido algún bien.
De ese porcentaje, el 63 por ciento precisó que la pérdida fue de animales, el 45 por ciento de maquinaria y equipo, el 36 por ciento de tierras, el 23 por ciento de cultivos permanentes, el 17 por ciento de bienes raíces no rurales y el 16 por ciento de infraestructuras productivas.
En cuanto a la propiedad o posesión de las tierra, la encuesta concluyó que es alta la precariedad de las formas de tenencia: sólo el 21 por ciento de los campesinos desplazados dijo tener una escritura registrada de manera legal.
El estudio también indagó sobre el estado actual de las tierras, parte en la que la mitad de los entrevistados contestó que cree que los predios siguen abandonados y el 28 por ciento dijo que no sabe que ha pasado con ellas.
En este contexto, el director de la investigación puntualizó que "hubo una pérdida de un patrimonio que va mucho más allá que el abandono forzado o el despojo de tierras".
Aún más, subrayó luego, el desplazamiento forzado "afectó no sólo la composición de los territorios, sino que llevó a la ruptura del tejido social que las comunidades campesinas desplazadas habían construido a través del tiempo".
Garay advirtió de que este estado de cosas lleva a preguntar por el alcance del proyecto legal para las víctimas del conflicto, iniciativa gubernamental en gestión parlamentaria.
"Uno de los temas de discusión (...) es si la reparación va a incluir solamente tierras, o también las pérdidas, el lucro cesante debido a las pérdidas de bienes muebles y, obviamente, de cultivos, animales y activos que le impidieron a la población desplazada seguir recibiendo ingresos durante su período de desplazamiento", explicó el investigador.
