El Procurador General de Argentina, Esteban Righi, se pronunció hoy en favor de la nueva ley de medios audiovisuales, rechazada por grupos multimedia y cuya aplicación está suspendida por una medida cautelar dictada por la Justicia de la provincia de Mendoza (oeste), informaron fuentes judiciales.
En su resolución, el jefe de los fiscales pidió la revocación de la medida dispuesta por la Cámara Federal de Mendoza al considerar "inadmisible que un tribunal dicte una decisión suspensiva de una ley con efectos generales".
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por el Parlamento el pasado octubre, quedó suspendida luego de que la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal hiciera lugar en diciembre a una acción de amparo promovida por el diputado Enrique Thomas, del peronismo disidente.
En marzo, la Cámara Federal de Mendoza confirmó el fallo de Pura de Arrabal.
Según Thomas, los "vicios" se registraron durante el debate de la iniciativa en las comisiones de Comunicaciones e Informática, Presupuesto y Hacienda y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.
"Los legisladores no tienen legitimación para atacar actos legislativos, pues si ello se admitiera se violaría el juego democrático de mayorías y minorías en el Congreso", remarcó Righi en su dictamen.
Las fuentes indicaron que, si bien esta resolución del Procurador no tiene carácter vinculante, habilita el camino para que la Corte Suprema se expida sobre la suspensión de la norma dictada por la jueza de Mendoza, como había solicitado el Gobierno de Cristina Fernández.
La nueva ley, que sustituye a otra que databa de la última dictadura militar (1976-1983), es rechazada por un sector de la oposición y por los grandes grupos periodísticos del país que consideran afectados sus intereses.
Los puntos que mayores críticas han suscitado son los que establecen que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión -catorce menos que el límite actual-, ni ser titular de un canal de televisión abierto y de uno de cable en una misma localidad.
Tanto el actual Gobierno como el de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de Fernández, han mantenido una tirante relación con la prensa, profundizada en los últimos años por el fuerte enfrentamiento que mantienen con el mayor conglomerado mediático del país, el Grupo Clarín.
