El Estado peruano designó hoy al abogado Juan Farfán Martínez como nuevo procurador público, quien será el encargado del cobro de tres millones de soles (un millón de dólares) como parte de las reparaciones impuestas a sentenciados por terrorismo en el país.
En una rueda de prensa en el ministerio de Justicia, Farfán Martínez declaró que, de ahora en adelante, no se permitirá que los condenados por terrorismo "sean beneficiados con centavo alguno", en alusión a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordenó el pago de indemnizaciones a sentenciados por este delito por presuntas irregularidades en sus procesos.
Según fuentes oficiales, el Estado peruano debe 19 millones de dólares por concepto de daños, perjuicios e indemnizaciones dictadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en más de 400 demandas por casos relacionados con el terrorismo, un flagelo que dejó 69.000 muertos entre 1980 y 2000 en el país.
Uno de los últimos casos de terroristas beneficiados con un fallo de la CorteIDH fue la estadounidense Lori Berenson, vinculada al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), quien gozó del perdón de la reparación impuesta por el Estado después de que denunciara ante esa corte las irregularidades en el juicio militar al que fue sometida en 1995 en Lima.
Perú tiene 400 demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras 23 ante la CorteIDH, la mayoría de ellas presentadas por personas vinculadas con actividades terroristas.
El nuevo procurador público agregó que "antes de estar reclamando pagos al Estado peruano, (los subversivos) tienen que cumplir con las sentencias recibidas", que incluyen las reparaciones económicas por los daños personales y materiales ocasionados por sus acciones.
"Quienes han sido autores de hechos tan graves, pretenden cobrarle al Estado", agregó Farfán al rechazar esas demandas ante la Corte Interamericana.
De otro lado, el encargado de la Dirección Nacional de Justicia, Daniel Figallo, presentó en la rueda de prensa también al nuevo procurador Julio César Roca, como responsable del cobro de reparaciones por corrupción y otros delitos, que ascienden a 904 millones de soles (300 millones de dólares) en total.
El mayor deudor del Estado peruano es el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, que trabajó con el ex presidente Alberto Fujimori entre 1990 y 2000, y que ha sido condenado por una serie de delitos de corrupción, casos por los cuales se la han impuesto reparaciones por 170 millones de soles (60 millones de dólares).
En tanto, Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, debe al Estado 8 millones de soles (2,8 millones de dólares), informó Roca.
