El procurador general suplente de Panamá, Giuseppe Bonissi, dijo hoy que puso su cargo a disposición del presidente panameño, Ricardo Martinelli, para que no existan dudas sobre la objetividad y transparencia de las investigaciones sobre las denuncias de corrupción en el Ministerio Público (MP).
"Las presiones recibidas contra mi familia, contra mi persona, mi reputación (...) ha sido de tal manera, que me han señalado que tengo que poner el cargo a disposición del Ejecutivo", señaló Bonissi en una conferencia de prensa.
El Gobierno panameño nombró en enero pasado como procurador general suplente a Bonissi, en sustitución de la procuradora general, Ana Matilde Gómez, destituida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) luego de un polémico proceso en el que se le condenó por escuchas ilegales a un fiscal investigado por corrupción.
La decisión de Bonissi se registra días después de que ordenara una investigación y la separación del cargo de altos funcionarios del Ministerio Público, por estar supuestamente involucrados en la concesión de libertad a cuatro presuntos narcotraficantes.
El procurador general suplente, quien aseveró que su carta fue recibida por el propio Martinelli, indicó que también ha recibido presiones por parte de algunos partidos políticos y del narcotráfico, que "tiene los recursos necesarios" para ello.
"El ataque ha sido frontal por parte del narcotráfico y sus tentáculos al Ministerio Público, y cada uno de los fiscales que me acompañan y que me han acompañado son fieles creyentes de que este es el momento (de que) decimos la verdad a la faz del país o nos quedamos callados", añadió.
Bonissi nombró al inicio de esta semana al fiscal auxiliar, Ángel Calderón, para que siguiera las investigaciones del caso por el que se encuentra detenida la ex fiscal de drogas de las provincias centrales de Herrera y Los Santos Milagros Valdés y separada de su cargo la jefa de Recursos Humanos del MP, Eva Lorentz.
El procurador suplente también solicitó a la Corte Suprema de Justicia la separación del cargo de Nedelka Díaz, secretaria general de la entidad y quien fuera involucrada por Valdés.
Tanto Lorentz como Díaz se encuentran fuera del país desde antes que estallara el escándalo, pero desde el exterior han denunciado una conspiración e interpuesto sendos recursos legales.
El escándalo se puso al descubierto cuando la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) avisó a principios del mes de diciembre a Bonissi que Milagros Valdés liberó a cuatro panameños sindicados por narcotráfico.
Valdés liberó a los detenidos Miguel Castillo Peralta, Miguel Castillo Domínguez, Abelino Ríos Valdés y George Guillén el 25 de noviembre, y ocho días después preparó una vista fiscal pidiendo sobreseimiento provisional para los imputados, tras el supuesto pago de 400.000 dólares, según las indagatorias.
El pasado 22 de agosto se encontró la avioneta N-2538-B abandonada en una pista clandestina en Santa Ana, provincia de Los Santos, jurisdicción de la ex fiscal detenida, y luego de encontrarse trazas de drogas se detuvo a los cuatro presuntos narcotraficantes por su supuesta vinculación con la aeronave.
De acuerdo con Bonissi, Milagros Valdés dijo que el abogado Alcibiades Ballestero le pidió la liberación de los detenidos a cambio de un nombramiento permanente en el Ministerio Público y que de ello tenían conocimiento Lorentz y Díaz.
Pero hoy el diario local La Estrella publicó un supuesto documento escrito por Valdés en donde asegura que fue "presionada" por el fiscal antidroga Javier Caraballo para que vincule a Díaz en el escándalo.
Caraballo desmintió a Valdés.
La Policía Nacional recibió órdenes de captura para los cuatro supuestos narcotraficantes y para los abogados panameños Alcibiades Ballestero y Víctor Orobio, representantes de los hoy prófugos de la justicia.
