El Pulso de Panamá – 13 de enero de 2015

En el caso de Alejandro Garuz y Gustavo Pérez queda al descubierto que no se cumplió el debido proceso. Realizar allanamientos y girar órdenes de conducción en la madrugada tenían un objetivo político y no judicial.

 

Los casos judiciales de alto perfil están siendo manejados de manera mediática, y la presunción de inocencia de los imputados no existe. Se juzga y se condena en los medios sin cumplirse lo que establecen las leyes. 

 

La independencia de los órganos del Estado está en peligro. La intervención del Ejecutivo en muchas decisiones judiciales es preocupante. Eso es un peligro para la democracia y la estabilidad del país.