El Pulso de Panamá – 17 de agosto de 2012

La explotación ilegal de madera se convirtió en los últimos años en una práctica habitual entre los comerciantes, lo que provocó un aumento en las estadísticas de los decomisos.

Según un informe de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), en el 2011 fueron confiscados cerca de 512 metros cúbicos de madera; mientras que en lo que va del año, la cifra asciende a 515 metros cúbicos. Esto equivale a 217 mil 263 pies tablares, cuyo valor ronda los 174 mil dólares, de acuerdo al precio que le da la ANAM, que es de 80 centésimos el pie tablar, y que dista mucho del valor comercial, que puede alcanzar hasta los 2.50 dólares.

De acuerdo con los datos suministrados por la entidad, en los últimos cinco años, un millón 77 mil 590 pies tablares han sido decomisados, lo que equivale a más de 862 mil dólares.

Gerardo González, director de Cuencas de la ANAM, dice que aunque la actividad ilegal es recurrente en todo el país, la mayoría de los volúmenes que se retienen provienen de Panamá Este y Darién.

Sanciones.
La ANAM no cuenta con un registro sobre las sanciones administrativas que se aplicaron a quienes fueron detectados en esta práctica ilegal; sin embargo, sí tienen un estimado del dinero que se recuperó por el material incautado. “De ese total, solo el 20% del valor general se recupera. El resto se deteriora o está en investigación”, explicó González.

La falta de permisos y de las guías de movilización son la causa fundamental de los decomisos, que el artículo 406 del Código Penal tipifica como delito y condena con una pena de tres a cinco años de prisión.

En la Fiscalía Quinta de Circuito, encargada de investigar este tipo de irregularidad, dan cuenta que desde enero pasado a la fecha se han presentado 13 denuncias de tala ilegal, las cuales están bajo investigación. Los casos proceden, en su mayoría, de Chepo, Pacora y Chimán.

De ese total, dos casos son investigados por el supuesto delito de tráfico de especies de la vida silvestre en extinción (tucas de madera de cocobolo), regulado en el artículo 410 del Código Penal, cuya pena oscila entre 3 y 5 años de prisión.

Bernardo Ramos, presidente de la Asociación de Madereros, está consciente de la ilegalidad, pero defendió a los mil afiliados que integran la asociación: están claros en que “invertir sin los permisos correspondientes es sinónimos de pérdida y posible castigo penal”, dijo.

Sobre la explotación comercial del cocobolo, que se prohibió desde abril de 2011, Ramos no descartó la posibilidad de que la actividad se realice de forma clandestina. “Siempre hay gente que anda fuera de ley, máxime porque el material es muy atractivo para muebles de residencias exclusivas”.

Para identificar a los que continúan con esta práctica, el director de Cuencas de la ANAM dice que cuentan con el apoyo de la Policía Nacional, que se encarga de identificar si los camiones que cargan madera cumplen con los procesos legales establecidos. Al proceso también se le unen funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas y de la ANAM, que realizan controles periódicos para garantizar el tráfico legal del recurso maderable. En tanto, los defensores del medioambiente atribuyen la tala ilegal al relajamiento en los sistemas de control por parte de la ANAM.