El Pulso de Panamá – 5 de febrero de 2014

Los sindicatos de trabajadores de la construcción han intensificado sus protestas en las calles para exigir mejores condiciones salariales a las compañías constructoras. Sus acciones provocan un daño terrible a la economía del país.

Bloquear o cerrar una calle puede ser considerado  un atentado a la propia Constitución Nacional, que establece que los ciudadanos tienen derecho a circular libremente.

Las autoridades están en la responsabilidad de aplicar sanciones ejemplares para frenar esta clase de manifestaciones que paralizan el país y frenan su economía. Nadie está por encima de las leyes.