El Pulso de Panamá – 5 de noviembre de 2014

El llamado que hizo el arzobispo José Domingo Ulloa para que la justicia se aplique a todos por igual no debe caer en saco roto. El país es testigo de cómo se investigan supuestos casos de corrupción de forma selectiva.

 

El caso Moncada Luna comprueba que el Gobierno usará el aparato judicial para sus fines particulares. La Asamblea Nacional ni siquiera ha analizado la dura denuncia que hizo el magistrado Harry Díaz en contra de sus colegas.

 

Y en los casos que adelanta el Ejecutivo en las diferentes instituciones, cual cirujano, se ha cuidado de obviar los que tocan a los panameñistas. La justicia en manos parcializadas y frustradas es muy peligrosa para la democracia.