El nuevo reglamento minero de Ecuador, que entre otras cosas establece que el 50 por ciento de las regalías o dividendos que dejen los proyectos mineros es para el Estado, es "un punto de inflexión para desarrollar una minería responsable", señalaron hoy fuentes oficiales.
En declaraciones a Radio Sonorama, el ministro de Recursos Naturales No Renovables de Ecuador, Germánico Pinto, habló de los decretos presidenciales dictados ayer por los que se aprueba el reglamento minero que completa la ley aprobada en enero de 2009, muy criticada por indígenas y ecologistas.
Frente a esas críticas, basadas en supuestos peligros para el medio ambiente y las comunidades indígenas, Pinto admitió que hay aspectos de la ley que podrían "mejorarse" y al respecto subrayó que el Gobierno está "absolutamente abierto" al diálogo.
No obstante, subrayó que los reglamentos suscritos ayer por el presidente Rafael Correa "precisan mucho más las bondades de la ley respecto al manejo, control del Estado y supervisión de los ciudadanos" sobre los proyectos mineros.
Además del Reglamento General a la Ley de Minería, Correa también suscribió un Reglamento especial de Fomento a la Pequeña Minería y Minería Artesanal y un Reglamento Ambiental para las Operaciones, así como varios documentos que permiten la constitución de la Empresa Nacional Minera.
También decretó la creación de otras agencias de regulación y control y un Instituto de Investigación geológica, minera y metalúrgica.
La ley minera establece, entre otros aspectos, que sólo el Estado puede delegar la explotación de minerales a empresas trasnacionales y que el 50 por ciento de las regalías o dividendos que dejen los proyectos mineros vaya a parar a manos del Estado.
Además, con la nueva normativa, las compañías mineras, antes de iniciar la actividad extractiva, tendrán que presentar estudios técnicos y ambientales completos y usar tecnología de punta y limpia.
Según el ministro Pinto, "en la medida" en que se apliquen los reglamentos "se van a corregir problemas serios de la minería en Ecuador" como la contaminación ambiental, la falta de control y de capacitación y el seguimiento del Estado sobre los proyectos extractivos.
Puntualizó que "no sólo va a corregir, sino a dar vuelta a la página: es un punto de inflexión para poder desarrollar una minería responsable" en términos ambientales y sociales, añadió.
Pinto negó que el Estado ya haya dado el visto bueno a empresas internacionales mineras para realizar proyectos de explotación y detalló que, por el momento, se lleva a cabo "sólo una exploración avanzada".
"Lo que hemos hecho mediante el mandato minero es verificar que el conjunto de las empresas cumplan con la ley y las disposiciones legales", señaló y añadió que tras eso, el Estado "tendrá la capacidad de analizar a fondo la pertinencia o no de la realización de un proyecto".
