La presunta participación de agentes y ex miembros de la Policía Bonaerense en el secuestro de un empresario ha reavivado el debate sobre la necesidad de limpiar esa fuerza de seguridad, la mayor de Argentina, a la que popularmente se adjudica el calificativo de "maldita".
Según expertos consultados por Efe, la experiencia demuestra que la solución no pasa por las "purgas", que en la última década derivaron en la expulsión de unos 6.400 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con más de 50.000 agentes.
Por el secuestro de Leonardo Bergara, liberado el pasado sábado tras 33 días, hay cuatro policías detenidos, tres que se encontraban en funciones y otro que había sido exonerado en 1991 acusado de cohecho y extorsión.
"Hay un viejo dicho que dice que la mafia italiana no existe en la provincia de Buenos Aires porque la policía bonaerense no quiere competencia", indicó el periodista Raúl Kollmann, que ha investigado varios casos de corrupción que salpicaron a miembros de la fuerza.
En la primera mitad del año pasado, un promedio de casi dos efectivos diarios fueron cesados por robo, homicidio y corrupción, entre otros delitos, según datos del Ministerio de Seguridad del distrito más poblado del país.
Además, hasta 2007 continuaban trabajando en la fuerza unos 60 efectivos que habían actuado en centros de detención clandestinos montados durante la última dictadura militar (1976-1983).
También se sospecha que integrantes de la policía provincial pueden estar vinculados con el secuestro de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra un represor de la dictadura y al que se considera el primer desaparecido en democracia, ya que su paradero se desconoce desde 2006.
"La enorme corrupción y la vinculación con el delito de la bonaerense no se soluciona con purgas sino con cambios totales de estructura", evaluó Kollman antes de considerar que "el hecho de que esto haya sobrevivido durante tanto tiempo demuestra que es difícil de desmembrar y que no hay gran voluntad política para hacerlo".
El periodista también recordó que hubo policías involucrados tanto en el atentado terrorista que en 1994 destruyó la sede de una mutualista judía, donde hubo 85 muertos y 200 heridos, como en el asesinato de un fotógrafo cuyo cadáver fue incinerado en 1997.
"Si alguno pensó que (con el secuestro de Bergara) me estaba mandando un mensaje para detener los cambios (en la policía bonaerense), al contrario, voy a acelerar los cambios", ha advertido el gobernador de la provincia, Daniel Scioli.
Según Kollmann, una de las propuestas viables para depurar la fuerza consiste "en disolver a la policía bonaerense como unidad y que sus efectivos pasen a reportar a los alcaldes", pero esa medida es "resistida por el poder político".
"La venta de drogas, el robo de camiones y automóviles, todas las ramas del delito tienen algún peaje o regulación por parte de la policía", estimó.
Por su parte, el ex interventor civil en la policía bonaerense Luis Lugones aconsejó "un férreo control externo de la sociedad civil" hacia la fuerza debido a que, en su opinión, algunos uniformados "se sienten con las manos libres y desatadas".
"Si hay que hacer cambios en la policía, tiene que ser antes y no después de un delito", indicó el diputado opositor Francisco de Narváez, impulsor de un "mapa de la inseguridad" que permite a la población volcar los delitos que sufrió en una página de internet.
En cuanto al secuestro de Bergara, Kollmann dijo que cree que fue cometido por "una banda integrada por policías y delincuentes comunes", además de considerar que "hay debilidades en la investigación".
El último viernes el hermano del empresario pagó 230.000 dólares por el rescate de Bergara, "ya pasaron varios días y no está detenido el núcleo de la banda ni se recuperó al menos parte del dinero" entregado a los captores, agregó.
