El Senado chileno aprobó, tras siete años de tramitación, una reforma constitucional necesaria para que Chile ratifique el Tratado de Roma y reconozca así la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), informaron hoy fuentes legislativas.
Chile participó en 1998 en la gestión del Tratado de Roma, pero es uno de los escasos países latinoamericanos que no ha ratificado este acuerdo que crea la CPI, cuya misión es juzgar a personas, no a Estados, por crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad.
La reforma constitucional, que ahora pasará a la Cámara de Diputados, fue aprobada en una sesión que se prolongó hasta la noche del martes, gracias a un acuerdo entre los parlamentarios oficialistas de centroizquierda y los opositores de derecha, quienes se oponían a esta medida.
La iniciativa, aprobada con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, supone el paso previo exigido por el Tribunal Constitucional del país para que Chile pueda ratificar el Tratado de Roma, que entró en vigor en 2002.
En 2002, la Cámara de Diputados aprobó la ratificación de ese acuerdo, pero la iniciativa se paralizó en agosto de 2006 en el Senado.
El único senador que votó en contra de esta iniciativa fue el senador Jorge Arancibía, de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente, quien criticó que con este acuerdo Chile cede parte de la soberanía de sus tribunales a una instancia internacional.
Asimismo, denunció la desigualdad que existe entre los Estados frente a esa Corte, ya que los cinco países que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (EE.UU., Rusia, China, Gran Bretaña y Francia) pueden suspender una investigación de ese tribunal.
Varios parlamentarios oficialistas y opositores compartieron esa opinión, pero recalcaron que la jurisdicción de la CPI es complementaria a la de los Estados, es decir, sólo opera en el caso de que estos no puedan o no tengan voluntad de investigar.
