El Senado uruguayo se encamina hoy a declarar "ilegítima" la Ley de Caducidad, que perdonó los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura (1973-1985), y abrir así completamente las puertas a juicios contra militares y policías que violaron derechos humanos en aquel período.
La sesión se inició a las 09.30 hora local (12.30 GMT) y 19 de los 31 senadores se inscribieron en la lista de oradores, por lo que se presume que la discusión no terminará antes de las 21.00 hora local (00.00 GMT), señalaron a Efe fuentes parlamentarias.
La interpretación de la Ley de Caducidad generó polémica y división incluso en la interna de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio (FA) y derivó en la expulsión del senador oficialista Jorge Saravia de la corriente Espacio 609, que lidera el presidente José Mujica, por su negativa a votar el proyecto de ley.
Otros dos legisladores oficialistas, el exvicepresidente Rodolfo Nin Novoa y el ex líder guerrillero Eleutelio Fernández Huidobro, también se opusieron, pero el primero pidió licencia para no verse forzado a votar a favor y el segundo señaló que acompañará el proyecto de ley "obligado y por disciplina partidaria".
El senador oficialista Oscar López Goldaracena, encargado de presentar hoy a la Cámara el proyecto de ley en representación del FA, afirmó durante su discurso que la Ley de Caducidad carece de valor jurídico y es incompatible con la Constitución y con el derechos internacional.
Goldaracena recordó que "en la época en que ocurrieron las graves violaciones a los derechos humanos, durante la dictadura, estaba vigente una norma que prohibía la desaparición forzada de personas, la tortura y la ejecución extrajudicial, y ordenaba el castigo de estos actos criminales", como sucede ahora.
El senador Francisco Gallinal, que habló en representación del Partido Nacional, el principal de oposición, afirmó que la Ley de Caducidad es injusta, como la ley de amnistía a los guerrilleros que cumplieron penas de cárcel durante el Gobierno de facto, pero ambas son "hijas de un mismo tiempo".
Gallinal advirtió que con la aprobación del proyecto de ley "al Poder Judicial se le aproximan momentos difíciles" porque va a recibir "una especie de bomba encendida", en alusión a los juicios que se retomarán o iniciarán contra militares y policías por violaciones a los derechos humanos.
El senador Ope Pasquet, en representación del Partido Colorado, la tercera fuerza del país, destacó que su sector también se opone al proyecto de ley y votará en contra, entre otras cosas, porque "le pasa por encima a dos pronunciamientos populares".
La posibilidad de dejar sin efecto la Ley de Caducidad ya fue rechazada dos veces en las urnas por los uruguayos, la primera en 1989, tres años después de ser votada en el Parlamento, y la segunda en octubre de 2009, junto con las elecciones generales que le dieron su segunda victoria a la izquierda en la historia del país.
Pasquet cuestionó a los legisladores del FA por "arrogarse el derecho" de desconocer la opinión "claramente mayoritaria de los uruguayos".
Para el senador oficialista Rafael Michelini, la decisión del Senado llega "tarde", pero al menos permitirá restablecer "el valor de la justicia en Uruguay".
Michelini es hijo del senador Zelmar Michelini, asesinado en 1976 en Buenos Aires, donde se había exiliado tras el golpe de Estado en Uruguay en un caso nunca resuelto.
Aunque la nueva ley es casi un hecho, debido a unas modificaciones menores realizadas por el Senado, todavía debe pasar una última revisión en Diputados, donde no debería afrontar obstáculos, antes de ser promulgada por Mujica.
