La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia abrió hoy en Bogotá la etapa de juicio a Nancy Patricia Gutiérrez, expresidenta del Congreso implicada en un proceso por tráfico de influencias relacionado con una escandalosa trama de espionaje montada por la antigua central de inteligencia del Estado.
En la vista, la CSJ dejó listas las pruebas contra la ahora exsenadora que se presentarán durante el proceso formal de enjuiciamiento, dijo a Efe por teléfono un portavoz del tribunal.
Gutiérrez presidió el Congreso de 2007 a 2008 y desde el Senado, cámara a la que perteneció, promovió un debate contra su entonces colega Piedad Córdoba, quien ha mediado ante las FARC en la puesta en libertad de rehenes de esta guerrilla.
En dicho debate, que fue realizado el 25 de marzo de 2008 en un pleno del Senado, Gutiérrez presentó informes de inteligencia sobre Córdoba que ella recibió, por solicitud suya, del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal).
Los informes eran de naturaleza reservada y, con su obtención, la entonces senadora Gutiérrez pudo incurrir en "tráfico de influencias de servidor público", cargo por el que la Sala Penal de la CSJ la llamó a juicio el 21 de septiembre del año pasado.
La expresidenta del Congreso, en detención domiciliaria desde mayo de 2011, concurrió a la vista de hoy junto a su abogado, Jaime Lombana.
En unas declaraciones periodísticas previas, Gutiérrez confió en que el juicio sea la oportunidad para demostrar que no cometió ningún delito.
La CSJ admitió como parte civil en este juicio a Córdoba, a quien la Procuraduría General de la Nación destituyó en septiembre de 2010 por presuntamente haber mantenido nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La exsenadora Córdoba es considerada una de las decenas de víctimas de la trama de escuchas y seguimientos ilegales que el DAS montó durante una gran parte de los dos Gobiernos del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
La campaña de espionaje afectó a magistrados de la CSJ, políticos de oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos, entre ellos de organizaciones internacionales.
El escándalo obligó al Gobierno de Uribe a llevar al Congreso, que lo aprobó, un proyecto legal de supresión del DAS, organismo con más de medio siglo de actividad, y de la creación de una nueva central de inteligencia, en proceso de composición desde finales del año pasado.
