El Supremo Tribunal de Brasil comenzará a juzgar mañana una acción presentada por la Orden de Abogados, que pide aclarar si una amnistía dictada en 1979 ampara o no los delitos de tortura atribuidos a la dictadura que gobernó entre 1964 y 1985.
La demanda fue presentada ante el Supremo Tribunal en octubre de 2008 y pide una revisión de la Ley de Amnistía, que benefició tanto a opositores de la dictadura como a los torturadores del régimen, que jamás llegaron a ser juzgados.
El documento entregado a la corte solicita expresamente una "interpretación más clara" de la Ley de Amnistía y sobre todo de su alcance en "crímenes comunes practicados por agentes públicos acusados de homicidio, desaparición forzosa, abuso de autoridad, lesiones corporales, violaciones y violencia contra opositores".
El Supremo no ha decidido cuántas sesiones dedicará al análisis del asunto, pero ha confirmado que mañana comenzará a discutirlo.
Una posible revisión de esa ley sancionada por el régimen militar es reclamada desde hace años por organismos de derechos humanos, pero también resistida por diversos sectores de la sociedad.
El único de los once magistrados del Supremo que hasta ahora ha expresado su opinión al respecto ha sido Gilmar Mendes, que presidió la corte hasta la semana pasada, cuando fue sustituido por el juez Cezar Peluso tras el fin de su mandato.
Mendes irritó a organismos de derechos humanos cuando, una vez que el Supremo recibió la demanda, declaró que una revisión de la amnistía generaría "inestabilidad institucional" y usó como ejemplo, sin citarlos, a "países hermanos" que juzgaron a sus militares y pasaron por "bastante inestabilidad a lo largo del tiempo".
La polémica ha crecido incluso dentro del propio Gobierno, en el que existen ministros a favor y en contra de la revisión.
La posición más contundente en contra de un posible juicio a los torturadores ha sido expresada por el ministro de Defensa, Nelson Jobim, un jurista que también ha presidido el Supremo Tribunal.
"Si el acuerdo político (que condujo a la amnistía en 1979) fue bien o mal hecho no está en discusión. El tema es que el país debe mirar hacia adelante y no hacia atrás", declaró Jobim hace tres semanas ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Cámara de Diputados.
Según Jobim, una cosa es "el derecho a la memoria" y otra lo que establece la amnistía, a la que aludió como "cosa juzgada" y por lo tanto "intocable" desde el punto de vista jurídico.
"El amnistiado está amnistiado", afirmó el ministro de Defensa.
En el extremo opuesto se sitúa el secretario nacional de Derechos Humanos, Paulo Vanucchi, quien sostiene que "en los tiempos de la dictadura militar no existía ninguna ley que permitiera la tortura, que no es un delito político, sino un crimen común" y no prescribe, incluso según acuerdos internacionales suscritos por Brasil.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien durante la dictadura estuvo algunas semanas en prisión por su actividad como sindicalista, ha evitado pronunciarse claramente sobre el asunto, pero varias veces ha dado a entender que se opone a revisar la ley.
Hace poco más de un año, cuando la polémica cundía, Lula sostuvo que "la mejor venganza contra la dictadura" sería "dar visibilidad" a sus víctimas, en lugar de "hablar de quién practicó agresiones".
Según Lula "los brasileños deberían hablar menos de quién practicó agresiones durante el período de la dictadura y preocuparse más en darle visibilidad a quien fue agredido".
