El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió hoy una sentencia en la que establece que pueden ser procesados aquellos estadounidenses que aconsejen a grupos terroristas extranjeros, aunque sea para convencerlos de que dejen las armas u otros fines benignos.
El voto 6-3 de los magistrados confirmó así una ley antiterrorista que había sido disputada por grupos pro derechos humanos apelando al derecho a la libertad de expresión.
Para el juez John G. Roberts JR, ponente de la sentencia, "proveer apoyo material a una organización extranjera designada como terrorista -incluso aparente apoyo benigno- refuerza las actividades terroristas de esa organización".
El Supremo incluye entre las actividades de apoyo el proveer "entrenamiento, consejos de expertos, personal y servicios a grupos terroristas extranjeros, incluso si los que los apoyan buscan promover en estos grupos fines no violentos".
En el caso que ha visto el Supremo ("Holder, Fiscal General, et al. v. Humanitarian Law Project et al."), se decidía el recurso de un profesor universitario, Ralph Fertig, que había trabajado con el Partido de Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Turquía, considerado una organización terrorista por el Departamento de Estado desde 1997.
Fertig defendió su colaboración en la que se oponía a la violencia y el terrorismo, y exigió su derecho a aconsejar a grupos en resolver disputas a través de las Naciones Unidas.
Como él, otros grupos pro derechos humanos vieron suspendidas sus ayudas del Gobierno estadounidense en casos similares y se unieron al caso llevado por la firma Humanitarian Law Project.
La opinión de la mayoría del Supremo reconoce la libertad para expresarse sobre los derechos de grupos designados como terroristas, pero no para trabajar con ellos y darles consejos legales o de otro tipo.
El juez Stephen Breyer redactó la opinión disidente, a la que se unieron las jueces Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, y que argumenta que la Primera Enmienda de la Constitución, el derecho a la libertad de expresión, protege a estos grupos.
Según Breyer, estas organizaciones sólo pueden ser procesados cuando se demuestra que sabían que estaban ayudando "acciones terroristas ilegales".
La ley antiterrorista fue endurecida en 1996 por el Congreso para perseguir a aquellos que apoyasen materialmente a terroristas con envíos de dinero a grupos en Oriente Medio, según Los Angeles Times.
Desde los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno ha aplicado esta legislación en el procesamiento de personas que viajan a Afganistán para entrenarse bajo las órdenes de Al Qaeda.
