La Corte Suprema de Justicia de Paraguay aplazó hoy, tras una sesión de casi cinco horas, su decisión sobre el controvertido fallo que ordenó la restitución de dos miembros de ese organismo que habían sido destituidos en 2003 a través de un juicio político.
El pleno del máximo tribunal, con la participación de seis de sus siete miembros actuales, se declaró en receso por tiempo indefinido para debatir la cuestión de fondo, aunque antes avaló la suspensión ordenada ayer por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra los tres jueces que asumieron la polémica decisión.
La sanción afecta a los jueces de segunda instancia Francisco Recalde, Florencio Almada y Meneleo Insfrán, quienes integrados a la Sala Constitucional del Supremo ante la inhibición de sus miembros naturales ordenaron el 30 de diciembre la reposición en su cargo de los ex magistrados Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea.
Estos dos magistrados fueron destituidos en 2003, a inicios de la pasada legislatura, lo que causó una crisis institucional.
No obstante, los ministros del Supremo aplazaron su fallo sobre la restitución de Ríos y Fernández y el organismo anunció en un breve comunicado que volverán a reunirse "en la brevedad para seguir estudiando" la resolución de la Sala Constitucional.
El Pleno del Supremo, reunido en medio de la feria judicial, contó con la participación de su presidente, Antonio Fretes, y los magistrados César Garay, Sindulfo Blanco, Raúl Torres, Víctor Núñez y Óscar Bajac, mientras que la jueza Alicia Pucheta se encuentra fuera del país.
La convocatoria de la sesión extraordinaria fue realizada el pasado sábado, el mismo día en que el Pleno del Congreso bicameral rechazó y repudió la decisión de la Sala Constitucional.
Esa instancia del Poder Judicial dispuso que Ríos y Fernández ocupen los cargos vacantes tras el alejamiento de Wildo Rienzi y José Altamirano del Supremo.
Rienzi se retiró en julio de 2007 por haber cumplido la edad máxima de 75 años para ejercer ese cargo, mientras que Altamirano renunció en agosto de 2009.
El Congreso también advirtió al Supremo de que el controvertido fallo podría suponer un eventual enjuiciamiento político de los miembros de la máxima instancia judicial.
En tanto, la posición del Gobierno paraguayo fue expresada también el sábado por el propio presidente, Fernando Lugo, quien en un mensaje leído al país repudió la resolución judicial y negó que haya tenido injerencia en esa determinación.
Paralelamente a la reunión el Supremo, un grupo de legisladores oficialistas y activistas de agrupaciones sociales protestaron contra el fallo.
