La Corte Suprema de Justicia de Paraguay decretó hoy reforzar la seguridad de la sede de Tribunales tras el desperfecto sufrido en un elevador utilizado por los miembros de esa máxima instancia judicial, que habría sido objeto de un sabotaje.
El Supremo adoptó esa determinación durante una plenaria extraordinaria en la que recibió informes sobre la avería de uno de los elevadores, que luego de quedar varado el viernes último por varios minutos en el subsuelo se elevó bruscamente hasta colisionar contra el tope de seguridad en el último piso del establecimiento.
El ascensorista y una mujer lograron salir ilesos antes de que la maquina realizara esa brusca subida.
Los miembros de la Corte Suprema también solicitaron una nueva pericia sobre el desperfecto y decretaron la instalación de más cámaras de vigilancia, así como la creación de un organismo de seguridad interna que se sume a las tareas de control de la policía, indicó en un comunicado el Poder Judicial.
La sede de los tribunales tuvo que ser desalojada el 6 de mayo pasado tras estallar en el jardín un artefacto de escaso poder que no causó heridos ni daños y ante una llamada anónima que alertaba de que había otra bomba, informaron las autoridades.
La explosión se produjo tras las reiteradas amenazas realizadas mediante llamadas anónimas recibidas por funcionarios del Poder Judicial en 2008 y en los primeros meses de 2009, que obligaban a la constante evacuación del complejo.
El autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se atribuyó ese hecho en un panfleto dejado en una cabina telefónica situada cerca del edificio de tribunales, pero las autoridades dudaron en la ocasión de la veracidad de esa reivindicación.
La determinación de este lunes del Supremo se da cuatro días después de que el EPP se atribuyera el secuestro de Fidel Zavala, de 45 años y miembro de una acaudalada familia dedicada a la ganadería, en el norteño departamento (provincia) de Concepción.
Los captores del empresario exigen cinco millones de dólares de rescate, según fuentes policiales, y los familiares pidieron a las autoridades que no interfieran en las negociaciones.
En ese sentido, el ministro de Interior de Paraguay, Rafael Filizzola, dijo hoy que actuarán con la mayor prudencia y que respetarán el pedido de la familia Zavala.
Sobre ese hecho, los miembros del Supremo expresaron hoy su preocupación y evitaron emitir otras opiniones al argumentar que ese caso podría llegar eventualmente a los estrados judiciales.
El EPP, una agrupación escindida del izquierdista Partido Patria Libre (PPL), opera en áreas de difícil acceso de Concepción y el vecino departamento de San Pedro (centro), la región más pobre del país, donde se ha atribuido ataques y robos de armas de puestos policiales y militares, además de quema de tractores de productores agrícolas.
Según las autoridades, los miembros de este grupo han recibido asesoramiento y entrenamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para cometer esos hechos.
