La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica suspendió hoy el trámite para convocar a un referendo sobre la legalidad de las uniones civiles entre homosexuales en el país, informaron fuentes oficiales.
Los magistrados anunciaron en un comunicado que acogieron para su estudio un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano, a pesar de haber rechazado esta misma semana dos recursos de inconstitucionalidad sobre el mismo tema, por vicios de forma.
"La Sala en Pleno ordenó darle curso al recurso de amparo interpuesto por Esteban Quirós Salazar contra el TSE por poner en marcha los mecanismos legales para realizar un referendo sobre el Proyecto de Ley de la Unión Civil entre personas del mismo sexo y suspendió el trámite del referendo hasta que no se resuelva en sentencia este recurso", señala la resolución.
Además, los magistrados otorgaron tres días hábiles al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Antonio Sobrado, para que rinda informe sobre el asunto.
La posibilidad de realizar esta consulta popular ha generado polémica en el país pues diversos grupos sociales y partidos políticos argumentan que no se pueden someter a referendo asuntos relacionados a derechos humanos y civiles de una minoría.
La Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, interpuso un recurso de inconstitucionalidad, pues a su criterio se debe excluir la materia de derechos humanos de los temas que pueden ser sometidos a referendo.
La consulta es impulsada por sectores afines a la Iglesia católica y a las denominaciones evangélicas, que se oponen a la legalización de las uniones entre parejas homosexuales, bajo el argumento de que éstas atentan contra la familia y los valores tradicionales del país.
El proyecto de ley que sería consultado pretende dar reconocimiento legal a las uniones civiles entre personas del mismo sexo, de manera que puedan gozar de derechos como pensión, seguro social, herencia y acceso conjunto a crédito bancario.
El Observatorio por la Vida y la Familia, un grupo afín a la Iglesia católica y grupos evangélicos, recolectó firmas durante más de un año a la salida de los templos, entre otros lugares, para que el TSE convoque la consulta popular, la cual se realizaría el próximo 5 de diciembre, el mismo día de las elecciones de alcaldes en el país.
