El Supremo Tribunal Federal de Brasil intentará mañana concluir un juicio, suspendido ya dos veces, en el que debe pronunciarse sobre la legalidad de una reserva indígena delimitada por el Gobierno en la frontera con Venezuela y Guayana.
"Raposa Serra do Sol" es la reserva más extensa de las 600 que existen en Brasil y ocupa 1,7 millones de hectáreas, que equivalen a casi el 8% del territorio del estado de Roraima.
Está habitada por 18.000 indios de las etnias Macuxí, Taurepang, Wapixana, Ingarikó y Patamona que reclaman su "derecho ancestral" sobre esas tierras, que se disputan con empresarios dedicados al cultivo de arroz que operan en la región desde hace más de una década.
La reserva fue creada a mediados del 2005 y los empresarios apelaron al Supremo Tribunal con la intención de que se les permita permanecer en esos territorios, que deberán abandonar si la decisión judicial consagra la legalidad del decreto gubernamental.
La primera audiencia fue en agosto del año pasado, pero el fallo quedó en suspenso ante las dudas manifestadas por un magistrado, que pidió más tiempo para examinar el caso.
Lo mismo ocurrió en diciembre pasado, pero después de que ocho de los once jueces votaran a favor de la legalidad de la reserva, que también es cuestionada por las autoridades del estado de Roraima.
Pese a la mayoría alcanzada, la segunda suspensión obedeció a que cualquier magistrado puede cambiar su voto mientras el proceso esté abierto.
Los hacendados y el gobierno regional de Roraima sostienen que la producción de arroz representa casi el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de esa región.
Además de los aspectos económicos, el caso pone en tela de juicio la política indigenista del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y hasta ha suscitado alguna turbulencia política.
Algunos generales del Ejército afirmaron cuando se delimitó la reserva que "entregar" a los indios casi 500 kilómetros de fronteras con Venezuela y Guayana suponía un "atentado contra la soberanía nacional".
Uno de los que sustentó esa tesis fue el comandante militar de la Amazonía, general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, quien fue luego desautorizado por portavoces del Ministerio de Defensa.
Los indios, por su parte, cuentan con el respaldo de decenas de movimientos sociales y hasta han recibido un velado apoyo del relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, James Anaya.
El funcionario de la ONU, indígena estadounidense de la etnia apache, estuvo el año pasado en Brasil y, consultado sobre el caso, afirmó que "los indios sólo quieren mantener la integridad de una reserva que ya ha sido delimitada".
Las 600 reservas indígenas que existen en Brasil están habitadas por cerca de 480.000 miembros de 227 etnias y ocupan 109,6 millones de hectáreas, que son equivalentes al 13 por ciento del territorio nacional.
