El ministro peruano de Defensa, Rafael Rey, admitió hoy que consultó a César Nakasaki, abogado del ex presidente Alberto Fujimori, sobre el polémico decreto 1097, relativo a los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y policías.
En rueda de prensa, Rey reconoció haberse reunido "con todas las partes involucradas", incluidas las organizaciones de derechos humanos, para tratar dicho decreto, promulgado la semana pasada dentro de un un paquete de cuatro normas relativas a las fuerzas militares y policiales.
La norma señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses, desde que se inicia la etapa de instrucción, no se dicta sentencia y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
El grueso de juicios que las fuerzas armadas y militares afrontan actualmente por casos de abusos a los derechos humanos son por hechos cometidos entre 1980 y 2000, cuando el Estado peruano afrontó el combate al terrorismo.
La norma aludida ha generado temores en Perú sobre la situación del ex presidente peruano Alberto Fujimori, a pesar de que ya ha sido sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y dos secuestros cometidos durante su régimen (1990-2000).
Además de Nakasaki, el ministro de Defensa dijo haber consultado también a Sergio Tapia, abogado del vicepresidente de la República, Luis Giampietri, involucrado en la matanza de presos del penal El Frontón cometida durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990) por efectivos de la Marina de Guerra.
Rey rechazó que Nakasaki y Tapia hayan asesorado al ministerio en la elaboración del decreto y tildó de "intolerantes" a quienes le critican por haber conversado con ellos, pues -dijo- no están acusados judicialmente y tienen "derecho al buen nombre".
La norma ha causado polémica en Perú, después de que esta semana una veintena de miembros del grupo militar encubierto Colina, creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para combatir el terrorismo, y altos jefes militares del régimen de Fujimori pidieron acogerse a este decreto, en un juicio que ya lleva más de cinco años.
El titular de Defensa descartó que su despacho haya legislado "en función de personas" concretas, si bien precisó que han buscado evitar juicios extensos, como el del ex jefe de Inteligencia Juan Rivero Lazo, que lleva preso más de nueve años sin haber sido sentenciado aún por la matanza de Barrios Altos.
"No estamos inventando nada", dijo Rey sobre el decreto 1097, para quien sólo se ha adelantado la vigencia de artículos que contiene el nuevo Código Procesal Penal, que ya son aplicables actualmente "para muchos peruanos policías, militares o civiles" en 16 distritos judiciales de Perú, pero que terminará de implementarse en dos años.
Asimismo, Rey reiteró que Perú se adhirió a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad bajo la condición de que surta efectos a partir del 2003 y descartó que el Pacto de San José, también suscrito por el país, mencione esa materia.
Respecto a la reciente visita del relator de las Naciones Unidas para el terrorismo, Martin Scheinin, a Perú, Rey tildó su actitud de "agresiva" cuando se reunieron personalmente y señaló que su evaluación sobre la existencia de ciertas tendencias a la impunidad en el país "no es una referencia" que vaya a tomar en cuenta.
Tras las críticas al decreto vertidas ayer por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Miguel Cabrejos, Rey dijo haber solicitado una reunión urgente con la comisión permanente de la institución y consideró "democrática" la demanda de inconstitucionalidad que la bancada nacionalista en el Congreso presentó ante el Tribunal Constitucional.
