El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzará mañana una visita oficial de dos días a España para afianzar la relación bilateral con las reuniones que mantendrá con el Rey Juan Carlos y con el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Se trata de la visita más importante de un miembro de la Administración estadounidense desde que el presidente Barack Obama llegó a la Casa Blanca en enero del pasado año.
Biden llegará a mediodía a la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid), desde donde se desplazará al Palacio de la Zarzuela para entrevistarse con el Rey Juan Carlos.
La agenda del vicepresidente continuará el sábado con la visita, junto a Zapatero, al acuartelamiento de la Brigada Paracaidista (BRIPAC).
También se reunirá en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo español, donde ambos pronunciarán sendas declaraciones institucionales y compartirán un almuerzo de trabajo.
El plan de rescate económico de Grecia, las negociaciones para imponer sanciones a Irán, la situación en Afganistán, la relación bilateral, la de Europa y Estados Unidos y la marcha de la presidencia española de la UE serán algunas de las materias que tratarán en su encuentro.
El Gobierno español ha desvinculado la visita de Biden del hecho de que Obama cancelara su asistencia a la cumbre UE-EEUU que se había programado en Madrid este mes en el marco de la presidencia española de turno.
Obama justificó su decisión en que tenía una agenda muy apretada y asuntos internos que atender, como la reforma sanitaria.
Zapatero ya se vio con Biden en marzo del año pasado en Viña del Mar (Chile), adonde viajó para dar por cerrada la polémica que había suscitado el anuncio de que España retiraba las tropas de Kosovo.
Biden llegará a Madrid procedente de Bruselas, donde hoy visita el Parlamento Europeo con el objetivo de evaluar las posibilidades de llegar a un acuerdo sobre el intercambio de datos bancarios en el marco de la lucha antiterrorista.
La Eurocámara rechazó el pasado mes de febrero el llamado programa "Swift" que habían suscrito la UE y EEUU alegando que la comunicación de estos datos no garantizaba los derechos de los ciudadanos europeos.
La activación de este acuerdo es uno de los objetivos prioritarios fijados por la presidencia española de la UE.
