El proyecto de ley que crea la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre no explota suficientemente las posibilidades de competencia económica en el sector y tal como está concebido, sólo beneficia a los dueños de cupos mientras que los costos son pagados por el resto de la sociedad.
La consideración anterior es parte de la opinión expresada por la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) con respecto al nuevo proyecto de ley sobre el Transporte que se debate en la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Legislativa.
La CLICAC propone que se elimine el actual sistema de cupos y recomienda un sistema en el existan registros de transportistas (licencias especiales por unidad) y piqueras.
Explica la CLICAC en su propuesta que el servicio sería prestado por transportistas, no existiendo limitaciones a la cantidad de piqueras, ni limitaciones en cuanto a la ubicación de las mismas, ni la cantidad de unidades de transporte público selectivo de pasajeros.
Indica que en este aspecto, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre establecerá las tarifas máximas para el transporte público selectivo.
El actual sistema de cupos produce grandes costos económicos y poco bienestar general ya que beneficia a los dueños de cupos mientras que los costos son pagados por el resto de la sociedad.
Advierte que si se elimina el sistema de cupos, disminuirán los ingresos de un grupo reducido de propietarios de autobuses pero el aumento en el bienestar de la sociedad será superior.
A pesar de la propuesta de la CLICAC, el nuevo proyecto mantiene vigente el articulado de la Ley 14 de 1993 que señala: " El Transporte terrestre de pasajeros es un servicio público cuya prestación estará a cargo de personas naturales o jurídicas, mediante concesiones que el Estado otorgará inspirado en el bienestar social y el interés público".
En cuanto al transporte público colectivo de pasajeros, la CLICAC se mantiene en su posición de que lo mejor sería un marco regulatorio basado en la concesión de rutas ( y no por líneas) por período determinado ( cinco años máximo) y a través de licitaciones públicas en las cuales el Estado fijaría las características técnicas de los vehículos, las características del servicio, la cantidad de autobuses por horario en circulación en cada ruta y su frecuencia, y los candidatos a la concesión harían la oferta a las tarifas a ser cobradas, siendo la vencedora la propuesta con la mejor tarifa.
Considera la CLICAC que muchas materias que deberían ser reguladas en el proyecto de ley, de manera que presentaran un cuadro completo del sistema de transporte, como por ejemplo el proceso y los requisitos para la adjudicación de concesiones, no han sido reguladas en la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
De haberse legislado con conjunto todo el proceso hubiese sido más transparente debido a que todos los aspectos del transporte están relacionados unos con los otros, agrega la CLICAC en sus críticas al proyecto de ley.
La entidad señala que el aumento de elementos que faciliten y propicien la competencia económica ayudará a traer más beneficios a los ciudadanos que deben ser el objeto de la nueva Ley.
Advierte que una vez la nueva entidad del Transporte tenga los ante proyectos que reglamentarán el funcionamiento del sector del transporte público de pasajeros los mismos deben ser verificados por la CLICAC conforme al artículo 239 de la Ley 29 de 1996.
La Comisión de Libre Competencia de Asuntos del Consumidor expresa que se reserva el derecho de seguir inspeccionando la prestación de los servicios públicos de transporte a través de la verificación de las tarifas anunciadas, facilidades, higiene, trato y condiciones de las unidades.
La Unión Nacional de Consumidores de la República de Panamá (UNCUREPA) demandará ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) la nueva ley que crea la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre porque no respeta los acuerdos firmados por Panamá con respecto a la libre competencia y participación de los usuarios o consumidores.
El señor Secundino Rujano, secretario general de la UNCUREPA denunció que la negativa de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Legislativa de permitir la participación de los usuarios en la Junta Directiva de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ocasionará la demanda de la ley ante la OMC:
Rujano explicó que los acuerdos firmados por Panamá ante la OMC obligan al Estado permitir la libre participación de los usuarios o consumidores en las diferentes legislaciones que los afecten.
Ante la negativa que los usuarios tengan participación en la Junta Directiva de la Autoridad del Transporte demandaremos la nueva ley para que Panamá cumplan las disposiciones internacionales al respecto, dijo el dirigente popular.
"Si no hay usuarios no puede haber transporte y si no hay transporte no hay usuarios", manifestó Rujano al explicar la importancia que tiene que ambos sectores participen mancomunadamente en la nueva entidad que regulará la actividad del transporte en Panamá.
La UNCUREPA solicitó la participación de dos delegados en la directiva de la Autoridad del Transporte , pero los legisladores no aprobaron la propuesta en el primer debate ya que consideraron que los usuarios están ya representados a través de los cinco miembros del Estado.
De acuerdo al proyecto de ley la Junta Directiva de la Autoridad del Transporte estará integrada por cinco representantes del Gobierno: el Ministro de Gobierno y Justicia, el de Obras Públicas, Vivienda, un miembro designado por el Presidente de la República, y el Viceministro de Comercio Exterior. Además la integrarán tres representantes de la Cámara Nacional de Transporte y uno de la Cámara Nacional de Transporte de Carga.
Rujano advirtió que la nueva ley podría ser declarada ilegal si la Asamblea Legislativa no integra la representación de los usuarios en el transporte público.
" Panamá ya decidió entrar dentro de la libre competencia , pero no podemos quedar aislados del resto del mundo", declaró Rujano.
Más de un millón de usuarios a nivel nacional utilizan diariamente diferentes formas del transporte terrestre.
"Queremos por lo menos un representante que tenga voz y voto en la directiva", apuntó el dirigente de la UNCUREPA:
Con respecto a un aumento de las tarifas , Rujano confirmó que la nueva ley podría ocasionar un incremento del pasaje para los usuarios ya que los transportistas tendrán que cumplir con la modernización de su flota.
Aseguró que si los transportistas modernizan su flota, ponen aires acondicionado y no permiten que ningún usuario vaya de pie, entonces podría haber un aumento del pasaje que no va ser exorbitante.
Rujano estimó que el aumento del pasaje podría oscilar en 10 centésimos con la aprobación de la nueva ley del transporte.
El dirigente señaló que la nueva legislación no es pecaminosa, pero apuntó que las reformas deben buscar la implementaciones de las materias que quedaron pendientes con la ley 14 de 1993.
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