El juicio contra decenas de acusados de planear en 2009 un supuesto complot contra el presidente boliviano, Evo Morales, comenzó hoy con incidentes en la ciudad central de Cochabamba, incluida la expulsión del juzgado de observadores brasileños.
El juez Rolando Sarmiento abrió las audiencias con 12 de los 39 imputados del caso, que estalló en abril del 2009 con una polémica operación de la Policía, que dijo haber desarticulado un grupo terrorista internacional.
En la operación, en la ciudad oriental de Santa Cruz, terminaron muertos el húngaro-croata-boliviano Eduardo Rózsa, presunto jefe de la trama, junto con el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin, y fueron detenidos el húngaro Elöd Tóaso y el boliviano-croata Mario Tadic.
El juez declaró rebeldes a los acusados que no asistieron hoy a la audiencia.
Además, ordenó que agentes policiales expulsaran de la sala a tres enviados de la Orden de Abogados de Brasil, del estado de Matto Grosso do Sul, que llegaron a Cochabamba para observar el proceso por las denuncias de supuestas irregularidades planteadas por colegas bolivianos.
Uno de los brasileños, Waldir Tercio de Albuquerque, declaró a periodistas de Cochabamba que el juez le impidió estar en la audiencia con el argumento de que necesita un "visa específica" para asistir a ella.
La diputada opositora Jessica Echeverría también denunció que fue desalojada por policías, al igual que el abogado Otto Ritter, defensor del general retirado Gary Prado.
Este militar, que capturó en 1967 al guerrillero argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara, no se presentó a la audiencia porque vive en Santa Cruz y usa silla de ruedas.
El abogado de Tóaso y Tadic, Gerardo Prado, declaró a Efe que a él tampoco le permitieron hablar con sus defendidos antes de la audiencia, para conversar sobre la estrategia de defensa, porque había orden de impedir todas las visitas.
"Creemos que no existen las garantías para un debido proceso. Somos testigos fieles de que no existe realmente un estado de derecho y las garantías de mis defendidos no están siendo realmente protegidos y se están violando", dijo Prado.
Los acusados fueron acusados por el Gobierno de sedición y terrorismo, por un supuesto plan para asesinar a Morales en 2009 y formar milicias para promover la secesión del departamento de Santa Cruz, el más próspero del país y bastión de la oposición al mandatario nacionalista e indigenista.
En cambio, la oposición, parte de la prensa boliviana y cables de diplomáticos estadounidenses difundidos por WikiLeaks han puesto en duda la presunta trama terrorista, y se han difundido información y vídeos sobre un supuesto montaje del caso por agentes gubernamentales.
La oposición cree que Morales usó la trama para desmontar los liderazgos de empresarios y políticos autonomistas de Santa Cruz, varios de los cuales se han exiliado y han conseguido refugio político en países vecinos, como Brasil.
Los adversarios de Morales lo acusan de haber nombrado "a dedo" fiscales y jueces para usar los tribunales contra la oposición, lo cual también ha sido criticado recientemente por la oficina de derechos humanos de la ONU.
