Un enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas del orden en la remota provincia de Chumbivilcas, en la región de Cuzco, al sur de Perú, se saldó hoy con un campesino muerto y un policía gravemente herido, informaron medios en Lima.
Un portavoz de la policía de Cuzco manifestó a Efe que aún no se puede confirmar la muerte del campesino porque la comisaría de Santo Tomás, capital de Chumbivilcas y donde ocurrieron los hechos, al parecer está sitiada por los manifestantes.
Según Radio Programas del Perú (RPP), el enfrentamiento se produjo cuando la policía intentó despejar una carretera bloqueada por un piquete de campesinos para que un autobús de pasajeros ingresara a Santo Tomás.
Los campesinos arrojaron piedras contra los agentes policiales y estos respondieron con disparos, lo que al parecer habría producido la muerte del campesino, de acuerdo con la emisora.
Por su lado, el gobernador regional de Cuzco, Henry Venero, manifestó a RPP que el capitán de la policía Eder Montes de Oca quiso disuadir a la turba para que dejara ingresar al autobús y tras ser agredido, y en defensa personal, "hizo algunos disparos y lamentablemente cayó un campesino", sin confirmar la muerte de este civil.
El capitán se encuentra en estado de coma a la espera de ser trasladado a Cuzco, agregó Venero.
Asimismo, el gobernador regional de Cuzco criticó a los campesinos por insistir en su protesta, a pesar de que ya se había confirmado para el próximo sábado la visita de una comisión de alto nivel para dialogar sobre sus demandas.
Los campesinos de Chumbivilcas acatan desde la semana pasada una huelga indefinida en protesta por la Ley de Recursos Hídricos, que declara a ese recurso como patrimonio nacional y establece las prioridades de su uso, así como contra las concesiones mineras que ocupan cerca del 70 por ciento de su jurisdicción.
La anterior protesta violenta en Perú ocurrió el 5 de junio pasado en la provincia selvática de Bagua durante el despeje de una carretera bloqueada por nativos y la toma de una estación petrolera.
Tras esos hechos violentos, que se saldaron con la muerte de 24 policías y diez civiles, el Gobierno logró que el Congreso derogara dos de las leyes cuestionadas por los nativos y ayer el primer ministro, Yehude Simon, y su titular del Interior, Mercedes Cabanillas, se salvaron de la censura en el Legislativo.