La Contraloría General de Nicaragua estableció presunción de responsabilidad penal en contra del ex secretario ejecutivo de la Corporación de Zonas Francas Ramón Lacayo, por prejuicio económico en contra del Estado, informaron hoy fuentes oficiales.
La decisión fue tomada por unanimidad este jueves por los cinco contralores sobre la base de que el ex funcionario causó perjuicio económico al Estado por el orden de los 649.667 dólares, señaló a la prensa el contralor Lino Hernández.
La presunción de responsabilidad penal que estableció el ente fiscalizador contra Lacayo, también ex secretario personal del presidente Enrique Bolaños (2002-2007), será enviada a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la República para que sea acusado penalmente ante los juzgados de Managua, añadió.
Según el ente fiscalizador, el ex funcionario causó perjuicio al Estado al actuar de "mala fe" en la compra de una propiedad donde se construye el parque industrial "Jorge Bolaños Abaunza", hijo del ex mandatario, y donde opera la empresa estadounidense Cone Denim, del Grupo Textil Internacional.
El fiscalizador indicó que el ex secretario ejecutivo de las Zonas Francas pagó por ese terreno, situado en el municipio de Ciudad Sandino, 12 kilómetros al oeste de Managua y de 21 hectáreas de extensión, 304.272 dólares, pero en el título oficial aparece que pagó 953.939 dólares.
Según el ente fiscalizador, Lacayo decidió en el 2005 la compra unilateral del terreno donde se ubica ese parque industrial sin la autorización del consejo directivo de la Corporación de Zonas Francas y tras haber solicitado a la Contraloría, sin necesidad, un trámite de urgencia para la compra.
Hernández consideró que esa transacción "se trata de una clara estafa", debido a que Lacayo violentó varias leyes, entre ellas la Ley de Probidad de los Funcionarios Públicos, Ley de la Contraloría, Ley de Contrataciones y Ley de Expropiación.
El ente fiscalizador también estableció responsabilidad civil en contra de Lacayo por 667.000 córdobas (33.738 dólares al cambio de hoy) por desembolsos en concepto de su liquidación al dejar el cargo, patrocinio de eventos y de equipos deportivos sin que el consejo directivo de Corporación de Zonas Francas lo aprobara.
De ser hallado culpable, el ex secretario personal del presidente Bolaños afrontaría penas de entre tres y cinco años de prisión, según las leyes nicaragüenses.
