Erdogan arremete contra el Poder Judicial en el caso de corrupción de Turquía
El primer ministro tiene reacción fuerte a la limitación de su control sobre investigaciones.
El Consejo del Poder Judicial de Turquía es una "vergüenza" y "ha cometido un crimen", aseguró hoy el primer ministro turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, en lo que ya parece una guerra abierta entre el Ejecutivo y la Judicatura del país eurasiático.
Erdogan reaccionó así a una declaración del máximo órgano de fiscales y jueces (HSYK, en sus siglas en turco), que ha calificado de ilegítimos los intentos del gobierno de ejercer un control más estricto sobre los cuerpos policiales y los fiscales.
La medida obligaba a los jefes policiales a informar siempre a sus superiores si la Fiscalía los requería para una detención, algo que ayer ya supuso el bloqueo de una investigación de corrupción lanzada por un fiscal de Estambul, pero abortada por la policía.
El Consejo del Poder Judicial "es una vergüenza", aseguró Erdogan durante un mitin en la ciudad de Sakarya, transmitido por la cadena de noticias NTV.
Acusó al órgano judicial de haberse extralimitado en sus funciones, ya que entre estas no está la de hacer declaraciones públicas, como ya ayer apuntó el recién nombrado ministro de Justicia, Bekir Bozdag, un hombre muy cercano al primer ministro.
El Consejo "ha cometido un delito. Quién lo juzgará? Yo lo juzgaría ahora mismo, si tuviera la autoridad. Pero lo juzgará la nación", aseveró un desafiante Erdogan, quien se encuentra bajo creciente presión por varios casos de corrupción.
Eso sí, dejó entrever medidas para facilitar este juicio: "El poder absoluto corresponde a la nación, no a los jueces. Pero si los jueces piden el poder absoluto, nosotros también daremos los pasos correspondientes. O volvemos a la vieja Turquía, o aceleramos la construcción de la nueva Turquía", proclamó.
El Tribunal Constitucional de Turquía anuló hoy el último decreto gubernamental que buscaba controlar a fiscales y responsables de la policía, en un nuevo revés para el gobierno turco en lo que es ya una guerra abierta entre el Ejecutivo y la Judicatura.
La polémica medida significaba en la práctica que el Ministerio de Interior debía ser informado de las investigaciones de la Fiscalía, incluso si era parte afectada, como en el presente escándalo de corrupción, en el que ha pasado a prisión preventiva el hijo del ya ex ministro de Interior.
Junto con el cese y traslado de cientos de mandos policiales en los últimos días, la medida posibilitó el bloqueo de una segunda oleada de detenciones que iba a afectar no solo a altos cargos de empresas públicas sino potencialmente incluso al hijo del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan.
