Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura argentina confían en que mañana comience el juicio contra el ex marino Alfredo Astiz y otros 18 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), tras reiterados aplazamientos.
En el proceso sobre los crímenes cometidos en la principal cárcel clandestina de la dictadura (1976-1983) se ventilarán, entre otros, los asesinatos del periodista Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, y de Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce, fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo.
No obstante, Rodolfo Yanzón, uno de los abogados de la querella, advirtió hoy a Efe que el juicio "podría volver a suspenderse" porque la defensa de los acusados "está dedicada" a impugnar jueces o buscar argucias legales para aplazar el proceso.
"Ya lo han logrado tres veces", comentó en referencia a las otras tantas suspensiones que sufrió el juicio por impugnaciones de la defensa.
Junto a Astiz deberán sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal 5 los antiguos marinos Jorge "Tigre" Acosta, Carlos Capdevilla, Adolfo Donda, Manuel García Tallada, Pablo García Velasco, Alberto González Menotti, Óscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Radice y Juan Carlos Rolón.
También Néstor Savio, Raúl Scheller, Julio Coronel, Juan Antonio Azic, Juan Fotea, Ernesto Frimon Weber, Carlos Generoso y Ricardo Miguel Cavallo, extraditado desde España en 2008.
Quedó librado del juicio por "insania mental" el ex almirante Emilio Massera, que integró junto al teniente general Jorge Videla y al brigadier Ramón Agosti la Junta Militar que perpetró el golpe de Estado en 1976.
Los 19 ex marinos rendirán cuentas por los crímenes de la ESMA, el principal centro clandestino de detención y tortura organizado por el Gobierno de facto y por el que se calcula que pasaron unas 5.000 personas, según organismos de derechos humanos.
Instruida por el juez Sergio Torres, la de la ESMA es una de las "megacausas" que se reabrieron en Argentina tras la derogación parlamentaria en 2003 de las "leyes del perdón", que libraron de responsabilidad a más de un millar de represores y que en 2005 también fueron declaradas nulas por la Corte Suprema.
El tribunal prevé que el juicio dure un máximo de seis meses, durante los cuales desfilarán unos 280 testigos, muchos de ellos sobrevivientes del centro de detención.
Este será el segundo juicio que se lleva a cabo por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada, situada en la zona norte de la capital argentina.
Durante el primero, el acusado, el prefecto Héctor Febres, quien se desempeñaba como jefe de maternidad de la cárcel clandestina, murió envenenado por cianuro en las dependencias de los guardacostas donde estaba detenido horas antes de recibir sentencia, en diciembre de 2007.
Son 66 los represores que en total están procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, por lo que se estima que habrá al menos dos juicios más por esta "megacausa".
El proceso ha despertado una enorme expectativa incluso en el ámbito internacional, ya que varios de los acusados han sido juzgados en ausencia en otros países por la desaparición de ciudadanos extranjeros en Argentina.
Alfredo Astiz, por ejemplo, fue condenado en ausencia a prisión perpetua por tribunales de Francia e Italia, además de ser requerido por jueces de España y Suecia, en este último caso por el asesinato de la joven sueca Dagmar Hagelin.
Según datos oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante la última dictadura, aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.
