El ex ministro de Defensa de Ecuador José Gallardo compareció hoy ante la Comisión de Relaciones Internacionales del poder Legislativo para rendir su versión sobre la firma del acuerdo que instauró la base militar estadounidense en la ciudad portuaria de Manta, en la costa oeste del país.
Gallardo aseguró que la suscripción del acuerdo por el que se establecía por diez años la base estadounidense "tuvo como objetivo el monitoreo de actividades del narcotráfico por parte de militares de Estados Unidos", según un comunicado de la Comisión Legislativa.
Por ello, a juicio de Gallardo, el acuerdo "de manera alguna, significaba cesión del territorio nacional o una posibilidad de atentar a la soberanía del país".
A pocos meses de que finalice el convenio por el que Ecuador acordó el establecimiento del puesto militar estadounidense de operaciones antinarcóticos (FOL, por su sigla en inglés), la Comisión de Relaciones Internacionales abrió una investigación sobre las actividades que llevaron a cabo las tropas de ese país.
El acuerdo finaliza este año y la embajada de Estados Unidos en Quito ha señalado que para el próximo julio terminará las actividades antidrogas y comenzará el proceso de traspaso a las autoridades ecuatorianas.
Desde la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 2006, Rafael Correa aseguró que no iba a renovar el convenio, entre otras razones, por considerar que ese acuerdo supuso una cesión del territorio nacional y de la soberanía a una potencia extranjera.
Según declaró Gallardo a la Comisión, "no hubo ninguna injerencia de nadie para la firma del convenio" y señaló que las Fuerzas Armadas acudieron en dos ocasiones al Congreso Nacional para trabajar en la firma del acuerdo.
Indicó que en 1999, durante el Gobierno de Jamil Mahuad, presidente que suscribió el convenio, "la situación era crítica para enfrentar por si solos" el narcotráfico "ya que se soportaba el problema constante de vuelos repetidos, a todas horas, sobre el Oriente y la Costa".
"Se planteó que la Fuera Aérea mantendría el control de las tareas de la Base Aérea de Manta con un comandante ecuatoriano, de modo que no se entregaba ni se hacía una cesión del sitio, sino simplemente que se otorgaron facilidades logísticas para que puedan aterrizar allí los aviones norteamericanos", declaró.
De acuerdo con Gallardo, el equipamiento tecnológico de punta y los medios modernos "garantizaba una efectiva política de disuasión, para tener el control de toda actividad que pueda perjudicar la seguridad nacional".
Asimismo, destacó que "EE.UU. invirtió 70 millones de dólares en la ampliación de capa asfáltica de la pista en una longitud de 750 metros para propósitos tanto militares cuanto comerciales, lo que le ha convertido en una de las mejores de Suramérica".
Gallardo pidió a la Comisión que "a la luz de la verdad" se haga un estudio pormenorizado e imparcial sobre los logros obtenidos o los supuestos perjuicios causados y que las Fuerzas Armadas deben tener datos de las acciones desarrolladas por los militares estadounidenses.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Marcos Martínez, dispuso que se llame oficialmente al actual ministro de Defensa, Javier Ponce, para que remita toda la información en torno a las actividades desarrolladas durante los diez años de la ocupación de la Base de Manta.
El pasado 21 de mayo, una delegación de la Comisión viajó a la ciudad portuaria de Manta y a la base militar estadounidense para analizar las actividades de las tropas militares y estudiar varias denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos humanos.
