Unas comunidades negras y mestizas del noroeste de Colombia exigieron hoy que se cumpla una reciente sentencia sobre restitución de tierras colectivas que les fueron usurpadas por agroindustriales de la palma de aceite y la ganadería.
La petición la formuló el Consejo Comunitario de Curvaradó y Jiguamiandó, de lugareños de los parajes de los mismos nombres y en los que se produjo el despojo territorial, que se derivó de desplazamientos masivos causados por paramilitares.
"Queremos nuestro territorio libre", dijo a Efe en Bogotá uno de los portavoces de esta organización no gubernamental (ONG), varios de cuyos delegados se desplazaron a la capital colombiana para gestiones relacionadas con el caso, que deja más de 150 muertos o desaparecidos.
La fuente, que pidió el anonimato, sostuvo que el Gobierno y los agroindustriales han incumplido la más reciente decisión, que obligaba a los empresarios a suspender actividades en el término de 48 horas y a restituir de manera voluntaria las tierras en 30 días.
El fallo fue proferido el pasado 5 de octubre por el Tribunal Administrativo del Chocó, departamento del que es capital Quibdó y al que pertenece la zona de conflicto.
Con la sentencia, notificada diez días después, el Tribunal falló una tutela (recurso constitucional de amparo de cumplimiento inmediato) presentada el pasado enero por el Consejo Comunitario bajo el argumento de vulneración de sus derechos fundamentales.
El Tribunal amparó así el "derecho fundamental de la propiedad colectiva y a la restitución del derecho efectivo y material de sus territorios, así como los derechos a la vida y subsistencia en condiciones dignas, al mínimo vital, a la integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, identidad cultural y autonomía de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó".
El fallo alcanza a 42 "ocupantes de mala fe" de los territorios: nueve empresas palmicultoras, dos ganaderas y dos comercializadoras, lo mismo que a 29 personas naturales.
Estas empresas sembraron palmas en 5.000 hectáreas, con financiación estatal, o establecieron ganaderías en 2.500 más, mientras que las otras personas, que la denuncia señala como "beneficiarias de paramilitares", ocuparon unas 1.000 hectáreas.
El caso se remonta a 1997, con un primer desplazamiento masivo generado por paramilitares, recordó a Efe el religioso Alberto Franco, director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), organización no gubernamental (ONG) que acompaña en sus demandas a estas comunidades.
Cuatro años más tarde se produjo una arremetida más violenta que obligó a los lugareños a abandonar sus tierras, agregó Franco, que indicó que un equipo de verificación que visitó la región en 2004 encontró que el territorio había sido sembrado con palmas.
El director de la CIJP resaltó que, dos años después, estas comunidades establecieron una "zona humanitaria" en medio de las plantaciones, dentro de su objetivo de buscar la restitución.
El abogado Germán Romero, del equipo jurídico de esta ONG, dijo a Efe que el Gobierno deberá intervenir ahora para garantizar que la sentencia del Tribunal sea cumplida de inmediato.
Sin embargo, los empresarios han seguido con sus actividades, incluso con el acompañamiento de tropas militares, que es el caso de la compañía Palmas de Curvaradó, agregó Romero.
La CIJP resaltó que el amparo se ha unido a decisiones favorables por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
No ha sido igual en el ámbito penal, advirtió Romero, que observó que la fiscalía mantuvo diez procesos penales y abrió después una causa contra 23 personas, entre ellas representantes de empresarios, abogados y comisionistas de tierras en la región.
Se trata de un proceso por desplazamiento forzado, usurpación de tierras, usurpación de aguas, falsedades y crímenes ambientales, señaló Romero, que observó que en él cabe también el delito de concierto para delinquir.
Este cargo se deriva de la relación y presencia de los paramilitares en la región, donde tienen o tuvieron intereses los hermanos Carlos y Vicente Castaño, que compartieron en algún momento el mando de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que murieron a manos de rivales.
