La organización internacional de derechos humanos "Impunity Watch" expresó hoy su preocupación por la impunidad que existe en Guatemala y la falta de voluntad para procesar a los responsables de los delitos de lesa humanidad durante el pasado conflicto armado.
En un informe presentado hoy por la organización internacional, a la que pertenecen las guatemaltecas el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), el Instituto Comparado de Ciencias Penales y la Fundación Cedin, sostiene que es "sumamente preocupante" que el Estado "siga sin reconocer plenamente la magnitud y la gravedad de la tragedia del enfrentamiento armado".
La guerra interna, que acabó en diciembre de 1996 tras 36 años de enfrentamiento, dejó unas 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
El Estado, asegura, no ha adoptado medidas para que los crímenes de lesa humanidad sean juzgados y no vuelvan a repetirse.
"Es lamentable que los pocos esfuerzos que se han realizado en materia de justicia se efectúen de manera parcial y separada", señala el informe, en el que se denuncia que el Ministerio Público (MP) no ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad.
Según la organización humanitaria, se han detectado una serie de obstáculos que contribuyen a la impunidad, como la "influencia de grupos de poder", la "limitada independencia del sistema judicial" y la persistencia del racismo y la inequidad.
Asegura que pese a la firma de la paz en 1996 que impulsó una serie de cambios para reformar y modernizar el Estado, éstos no han sido suficientes para afectar los intereses de la elite económica, política y militar del país.
"Los Acuerdos de Paz ni siquiera plantean medidas administrativas para asegurar que funcionarios señalados de participar en violaciones a los derechos humanos, ocupen cargos públicos, lo que ha permitido a ex militares mantengan influencia y aseguren la impunidad de los crímenes cometidos", anota el documento.
Según "Impunty Watch", los hostigamientos, amenazas y ataques contra los operadores de justicia, también inciden en que el sistema no cumpla con la obligación de investigar y juzgar a los responsables de los delitos del enfrentamiento armado.
No obstante, reconoce que de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo es el que ha mostrado mayor voluntad política para promover iniciativas para que se conozca la verdad y la reparación de los crímenes.
La organización hace una serie de recomendaciones a las instituciones públicas, a la sociedad civil y a la comunidad internacional, para que contribuyan a la lucha contra la impunidad en Guatemala.
Entre ellas recomienda fortalecer el sistema de justicia y depurar el Estado, y le solicita al presidente Álvaro Colom que reconozca y asuma la responsabilidad estatal por las "graves violaciones a los derechos humanos" cometidas durante la guerra por el ejército.
También que emita un acuerdo para que el Ministerio de la Defensa entregue los archivos sobre el conflicto a la Secretaría de la Paz y que se facilite el acceso a esos documentos para esclarecer las violaciones.
Además que se destinen recursos suficientes para construir un Registro Nacional de Víctimas, que se mejore el resarcimiento, y que el Congreso emita un acuerdo en el que se reconozca el contenido del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH).
En este informe, presentado en 1999, la CEH afirmó que durante la guerra interna el ejército cometió genocidio y documentó 669 matanzas, 626 de las cuales le atribuyó a los militares.
El informe también recomienda al Gobierno impulsar una política integral de Estado que garantice los derechos de las víctimas del enfrentamiento armado a la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición, y que la Procuraduría de Derechos Humanos verifique el cumplimiento de estas medidas.
