Una mejor cultura tributaria hace falta en Panamá para afrontar debidamente el pago de impuesto sobre la renta, directamente ligado con la adquisición de viviendas.
En ese sentido se manifestó el legislador perredista Manuel De La Hoz, presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
De La Hoz aseguró que quienes adquieren una vivienda de 62 mil balboas ganan más sin acogerse a la ley de intereses preferenciales que acogiéndose a ella.
Esto sucede siempre y cuando el propietario declare su renta porque al final de cada período fiscal el Estado le devuelve sus intereses.
Mientras tanto, el legislador Lenín Sucre, de la actual bancada opositora, señaló que justamente quienes tienen la capacidad para pagar hasta 62 mil balboas por una casa o apartamento, es la clase media baja o profesionales que no declaran renta.
De La Hoz argumento, por su parte, que desde 1985 en que se creó la Ley 3 de intereses preferenciales, lo que se buscó fue favorecer a los sectores de menores ingresos creándoles una condición especial llamada intereses preferenciales para que pudieran adquirir viviendas. Ese nivel de la sociedad de menores ingresos tendría, como en efecto la tuvo, una opción de mejores niveles de vida.
En esa época los intereses de los préstamos hipotecarios estaban por el orden del 14%, por tanto se optó por hacer una ley que permitiera un 5% menos de intereses, de forma escalonada, para que ese sector pudiera tener acceso a una vivienda propia.
Ese era un interés razonablemente bueno que trajo como consecuencia que se triplicaran los préstamos hipotecarios, por lo que la ley fue un éxito total.
Además, la economía panameña se fortaleció en el sector construcción y todos los colaterales de este renglón de la economía, tales como mano de obra, la venta de materiales de construcción y todo lo que esto genera, como por ejemplo, mayor tasa de empleo y subempleo.
El quinquenio 85-90 fue de bonanza para el sector construcción, recuera De La Hoz, gracias a la ley.
Sin embargo, al vencimiento de la ley en el 90, se solicitó la primera prórroga pues era evidente el éxito de esta iniciativa.
No obstante, ese año se incluyó un segundo tramo de vivienda, ya no para personas de menores ingresos, sino para viviendas de 40 mil balboas. Esto se traduce en ingresos de 600, 800 o 900 balboas, es decir, otro nivel económico distinto a aquel para el cual fue creada la ley, según De La Hoz.
La ley se vuelve a prorrogar en 1990 y la construcción sigue creciendo favorablemente.
En 1993 vuelve a vencerse el plazo de la ley y, nuevamente se prorroga, esta vez con otro cambio: se aumenta de 40 mil a 62 mil 500 el parámetro que abarcaría la ley.
De hecho, a juicio de De La Hoz, ya la ley no contemplaba sólo a aquellas personas de escasos recursos, sino también a aquellas de clase media y clase media baja.
¿Necesita acogerse al beneficio de los intereses preferenciales una persona que puede pagar 60 mil balboas por una casa? Pareciera que no, dice De La Hoz.
No obstante, la ley fue prorrogada en el 93 con esta tercera categoría incluida. En estos niveles sociales los salarios son generalmente de mil 800 balboas en adelante.
Si bien es cierto que ese segundo y tercer nivel que hoy contempla la ley (40 mil y 62 mil 500) también merecen atención porque quienes forman parte de ellos pertenecen a la sociedad y a la fuerza laboral del país, no se puede interpretar que los tipos de viviendas a los que tienen acceso son de interés social, señala la fuente, como sí lo son los del primer grupo de viviendas de 25 mil balboas y menos.
¿Dónde radica la discrepancia del Ejecutivo con sectores de la Asamblea Legislativa por la prórroga de la ley?
Según De La Hoz, a juicio del Ejecutivo es el primer grupo al que verdaderamente hay que subvencionar porque son personas con ingresos familiares de 300 a 400 balboas que no califican para préstamos hipotecarios si no es acogiéndose a la ley de intereses preferenciales.
En este punto, la fuente argumentó que la realidad es que quienes pueden pagar una casa arriba de los 40 mil balboas, son personas que pueden presentar su declaración de rentas, aunque sean asalariadas.
Al final del período fiscal, esas personas tienen el derecho de solicitar a su empleador su certificación de intereses descontados y pagados por préstamos hipotecarios. Al presentar su declaración de rentas, el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas hace la devolución correspondiente. Esto lo facultan las leyes vigentes.
El hecho de que se eliminen los dos útlimos grupos beneficiados no debe interpretarse como que se le está quitando un beneficio a un sector, señaló De La Hoz, sino que es necesario que el panameño se aboque a una cultura tributaria, pues muchos desconocen derechos que dan las leyes tributarias en el país.
"Es muy probable que una persona que tenga capacidad de calificar para una vivienda de 40 mil o de 62 mil 500 le va mejor económicamente hablando no acogiéndose al interés preferencial y haciendo su declaración de renta. Yo estoy seguro que le sale más dinero a su favor que acogiéndose al interés preferencial", argumentó el entrevistado.
Lo que tienen que hacer las personas en este nivel es presentar cada año en el mes de marzo, la declaración de renta con una certificación de las deducciones hechas a su salario en calidad de pago a préstamos hipotecarios.
Esa facultad la tienen todos los panameños, explicó De La Hoz.
A falta de una cultura fiscal, los ciudadanos no declaran renta por temor, pues consideran que en lugar de ganar, pierden.
REFORMA TRIBUTARIA
En este sentido, la fuente está convencida de que Panamá tiene que hacer una total reforma tributaria, pues no es posible que un asalariado pague un 15% de impuesto sobre la renta, mientras los bancos y empresas pagan menos de ese porcentaje aunque ganan millones de balboas anuales.
Puso como ejemplo al sistema bancario nacional que tuvo ingresos por encima de los 430 millones de balboas, sin embargo, en impuesto sobre la renta solo pagó unos 20 millones que representan alrededor de un 4%.
Viéndolo así, un obrero paga 15% de impuesto sobre la renta, mientras que un banco sólo paga 4%.
De ahí que se impone una reforma tributaria para buscar una equidad y hacer justicia al asalariado.
Incluso, los bancos trasladan todas estas sumas dejadas de devengar con los intereses preferenciales hacia el impuesto sobre la renta y por eso es que no pagan, asegura De La Hoz.
"No hemos llegado a un consenso. Hay un sentir generalizado de que la ley es buena y debe beneficiar a los sectores de menores ingresos, pero en lo que no hay consenso en el segundo y tercer tramo de 40 mil y 62 mil 500", recalcó.
Se buscó, a su juicio, una fórmula en la redacción del artículo transitorio que le dé oportunidad a todos los préstamos que han sido designados a la adquisición de vivienda propia cuyos valores estén entre 25 mil 1 hasta 62 mil 500 y que se perfeccionarse los mismos antes del 22 de mayo del año 2 mil.
Este acuerdo fue presentado ante el Presidente y luego aprobado en segundo debate en la Asamblea. Se espera que a principios de la semana entrante se discuta en tercer debate y luego sea aprobada por el primer mandatario de la nación.
SUCRE: DEL GATO UN PELO
Por su parte, Lenín Sucre señala que si bien es cierto que la ley de intereses preferenciales beneficia a los compradores de viviendas de hasta 62 mil 500, también es cierto que desde los 25 mil en adelante, los intereses son más altos que el de aquellas casas de menos de ese precio.
Y, por otro lado, considera que si la ley ha sido todo un éxito, no entiende cómo es que se le quiere quitar un beneficio que ya tienen las personas que compran su casa por más de 25 mil balboas.
Esto ha permitido que miles de panameños puedan adquirir una mejor vivienda, según su capacidad de pago, lo que ha beneficiado a la economía del país, especialmente al sector construcción.
Con esta ley se ha logrado que Panamá tenga el mayor índice de viviendas propias de toda la región centroamericana, sustentó.
Ahora el Ejecutivo considera que no se debe prorrogar la ley tal como está. Esto preocupa porque se perjudica a la clase media y a la clase media baja. Los que iban a comprar una casa de 30 mil balboas no lo podrá hacer porque ya no serían sujetos de crédito.
De hecho, de los más de 7 mil préstamos aprobados y que han estado estancados por más de un mes, sólo el 80% podría seguir su trámite si no se aprueba al menos el artículo transitorio que ya fue aprobado en segundo debate y que permite los intereses preferenciales para viviendas de hasta 62 mil 500 por un año, es decir, hasta el 22 de mayo del año 2000.
En opinión de Sucre la ley debe prorrogarse tal como existía anteriormente porque los bancos están dispuestos a seguir prestando.
Con esto también se benefician los sectores humildes porque por cada dólar que se invierta en construcción, alrededor de 40 centésimos son destinados a mano de obra.
Sólo el pasado año, de 400 millones, al menos 180 millones quedaron en "los bolsillos del pueblo", en otras palabras, de los obreros de la construcción.
Todo ello fuera de las utilidades y las plazas de empleo que se crean cada día en la industria de la construcción.
Para Lenín Sucre una casa de 65 mil 500 balboas no es una mansión, sino una casa amplia en un buen sector.
Por otro lado, los gobernantes deben tratar de que cada vez el pueblo viva mejor elevando su estándar de vida y no sacrificarlo como se quiere hacer con la clase media y la media baja negándole el interés preferencial.
Asimismo, el argumento de que el Estado deja de percibir unos 12 millones de balboas con esta ley, para Sucre es baladí porque igual va a dejar de percibirlo pues el ITBM se dejará de percibir en miles de operaciones comerciales que tienen que ver con la construcción.
Argumentó que cada dólar invertido en construcción representan cuatro dólares en circulación.
Sobre el artículo que prorroga por un año la ley tal como está, aseguró que los bancos y constructoras aceptan esa prórroga más de fuerza que de ganas, porque de no ser así, el Ejecutivo sencillamente no aprobará la ley. Por tanto, la filosofía de estas empresas es tomar "del gato un pelo", señaló.
Lo que harán es sacar las más de 7 mil viviendas que hoy se quedaron sin dueños por más de un mes para así no perder en el intento.
Todas esas personas beneficiadas con la prórroga de un año ya no serán perjudicadas, pues su préstamo hipotecario quedará hasta que expire su vigencia amparado por la ley de intereses preferenciales, indicó.
Sucre se manifestó en desacuerdo con la tesis de que no acogiéndose a la ley de intereses preferenciales, quienes compran una vivienda de 62 mil 500 ganan más, pues lo cierto es que esos propietarios nunca hacen declaración de rentas, sin embargo, quien compra una casa más cara sí lo hace.
Señaló que lo que le duele al Ejecutivo es que los bancos ganan mucho dinero y no pagan mucho impuesto. Pero ese es un problema que los gobernantes deben resolver con los bancos porque eso no tiene nada que ver con una ley de intereses preferenciales.
Cree que se está forzando a la Asamblea a aprobar un artículo que no es el ideal, pero no queda otro remedio, indicó.
