La familia de los bolivianos Rainer y José Luis Ibsen, desaparecidos en 1971 durante el régimen de Hugo Banzer, afrontó una serie de obstáculos que le impidieron denunciar durante décadas al Estado, según testimonios ofrecidos hoy en Lima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Rainer Ibsen era un abogado de sindicatos y organizaciones sociales en la ciudad de Santa Cruz en 1971 y esa situación hizo que "la dictadura (de Banzer) lo identifique, lo detenga y cuando el padre (José Luis Ibsen) fue a reclamar, también lo agarraron", relató a Efe el ex defensor del pueblo boliviano Waldo Albarracín.
"A partir de ahí, hay una imposibilidad fáctica de poder saber de ellos" y forzosamente "la familia tuvo que esperar que pase el tiempo", agregó Albarracín, quien fue citado a la audiencia pública de la CorteIDH como perito experto en derechos humanos.
Según el también ex presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, el Gobierno de Banzer impuso el terrorismo de Estado, inspirado en la doctrina de la seguridad nacional, en un afán de impedir el avance de los movimientos sociales.
Explicó que si bien la dictadura de Banzer concluyó en 1978, Bolivia tuvo luego "otras dictaduras de cinco Gobiernos militares y dos Gobiernos civiles", afines con los regímenes castrenses.
Denunció que desde 1985 (en la gestión de Víctor Paz Estenssoro) hasta 2003 (con Gonzalo Sánchez de Lozada), esos Gobiernos tuvieron "una mentalidad muy conservadora y con ligazones con el pasado", que no permitieron esclarecer las desapariciones.
Los restos de Rainer Ibsen fueron depositados en una fosa común y ubicados en 1973, según un certificado de defunción, pero su identificación plena sólo fue posible en 2008, cuando los restos fueron sometidos a una prueba de ADN.
Esta información permanecía en los archivos de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asofam), que llevó a los tribunales otros casos similares, pero no llegó a conocimiento de la familia Ibsen, según los antecedentes del caso.
La representante de la Asofam, Delia Cortez, dijo hoy ante la corte que la familia no los buscó para recoger la información y que sólo conocieron a Tito Ibsen, hermano de Rainer y quien acudió hoy en representación de sus deudos, en 2002, cuando se abrió otro caso de desaparición forzada en su país.
Cortez explicó que la Asofam no dio publicidad a la exhumación de los restos de Ibsen y de otros desaparecidos en 2008 porque "la prensa es irrespetuosa" y no querían que los fotografiaran.
Sin embargo, la familia sigue manteniendo dudas sobre la veracidad de la identificación de Rainer Ibsen y aún tiene la expectativa de encontrar los restos de padre e hijo.
La activista de derechos humanos precisó que su organización ha presentado 156 denuncias por desapariciones y varios de esos casos han llegado a la Corte Interamericana, como el del estudiante boliviano José Carlos Trujillo en 1972, que concluyó con el dictamen de una reparación económica de 400.000 dólares para su familia.
La defensa de la familia Ibsen ha pedido una reparación de cinco millones de dólares, según comentó hoy la representante del Estado boliviano, pero Albarracín opinó que "la Corte tiene la obligación de fijar una cifra que sea lo más ecuánime posible".
En ese sentido, estimó que la reparación que dictará la Corte probablemente se acerque a los 400.000 dólares, por cada uno de los desaparecidos, tal cual falló en el caso de Trujillo.
La madre de Rainer, Martha Castro, sufre de daño psíquico, duelo no resuelto, depresión crónica y alteraciones en la personalidad, mientras que sus hijos Tito, Raquel y Rebeca tienen estrés postraumático y diversas alteraciones en la personalidad, según el informe entregado hoy por la psiquiatra Claribel Pérez Hurtado.
La Corte escucha hoy también los alegatos finales de los abogados y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes de dejar el caso listo para su sentencia, en las próximas semanas.
Las audiencias continuarán mañana con el caso de la comunidad indígena Xákmok Kásek, que reclama al Estado de Paraguay una reivindicación territorial, y el jueves se verá el caso de Inés Fernández, que denunció a militares mexicanos por violación sexual.
