La familia del reportero gráfico argentino José Luis Cabezas, asesinado en 1997, aseguró hoy que presentará una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el beneficio de libertad condicional otorgado por la Justicia de Argentina a varios de los acusados por el crimen.
Gladys Cabezas, hermana de la víctima, dijo que el abogado Alejandro Vechi, que representa a la familia, viajará en breve a Estados Unidos para recurrir a la CIDH por lo que consideró un "abuso de los jueces".
De los ocho condenados por el crimen del reportero gráfico siguen en prisión el ex comisario de policía Alberto Gómez y Gustavo Prellezo, sindicado como el autor material del asesinato, mientras los restantes gozan de libertad condicional.
El último en conseguir este beneficio fue Gregorio Ríos, jefe de custodia del empresario Alfredo Yabrán, quien se suicidó en 1999, cuando la policía lo buscaba como instigador del asesinato a balazos de Cabezas, cuyo cadáver fue hallado el 25 de enero de 1997.
"Para mí estas liberaciones son tremendas. Los jueces no se dan cuenta de lo que están haciendo", sostuvo Gladys Cabezas en una rueda de prensa en la que estuvieron también presentes los padres del fotógrafo.
El cadáver de Cabezas fue encontrado calcinado y con las manos esposadas dentro de un automóvil arrojado al fondo de una fosa situada a las afueras de la ciudad balneario de Pinamar, a 350 kilómetros al sur de Buenos Aires.
Yabrán, quien tenía fuertes vínculos con el poder político y mantenía un bajo perfil ante la opinión pública, tenía gran influencia en Pinamar.
La única relación que se estableció entre el empresario y Cabezas fue que el reportero le tomó sin autorización una fotografía a Yabrán en la playa, que luego se publicó en la portada del semanario Noticias, donde trabajaba la víctima.
La justicia determinó que la banda de delincuentes apodada "Los horneros" secuestró y mató a Cabezas en complicidad con policías y por orden del jefe de la custodia del empresario.