Las agrupaciones de familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet pidieron hoy "prisión efectiva" para el general retirado Sergio Arellano Stark, condenado a seis años de cárcel, que en vez de ir a prisión ingresó a un centro geriátrico por supuestos problemas de salud.
Los familiares presentaron la petición al juez Víctor Montiglio, encargado del caso por el que se condenó a Arellano y a otros represores por el asesinato, en 1973, de cuatro jóvenes en el llamado "episodio San Javier" de la Caravana de la Muerte.
Dicha caravana fue una comitiva comandada por Arellano que entre octubre y noviembre de 1973 recorrió diversas ciudades chilenas, en las que sus miembros asesinaron a un centenar de presos políticos tras sacarlos de las cárceles.
Arellano debió comenzar ayer, lunes, a cumplir la sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema el pasado 15 de octubre, pero en lugar de ello ingresó a un centro geriátrico porque, según sus abogados, padece de Alzheimer.
El juez Montiglio ordenó su traslado al hospital militar para que sea sometido a exámenes, lo que según afirmaron hoy en su escrito los familiares, es ilegal porque si ya fue notificado de la sentencia, el jubilado general debe quedar bajo la custodia de Gendarmería (Servicio de Prisiones), que depende del ministerio de Justicia.
Una vez en la cárcel puede ser ingresado en un hospital para ser examinado o tratado si padece alguna enfermedad, como ocurrió en el caso de Paul Schaefer, el nonagenario jerarca de la Colonia Dignidad, que cumple en prisión una condena por abusos sexuales contra menores y otros delitos, recordaron los familiares.
En el hospital militar también está internado desde ayer el general retirado Carlos Romero Muñoz, condenado a seis años de prisión al igual que Arellano, para ser operado de un cáncer de próstata.
En su caso, Montiglio dispuso que una vez que se recupere de la operación, sea ingresado en una prisión militar a cumplir la sentencia.
En La Moneda, el portavoz del Gobierno, Francisco Vidal, afirmó que lo importante no es el lugar donde esté Arellano o su condición de salud, sino el hecho de que se ha dictado una sentencia.
"Si está enfermo o no está enfermo, ¿qué es lo que le importa a la historia de un país? Que haya una sanción, que la verdad se impuso, que la justicia se impuso, que no hay impunidad. Puede tener 30, 50, 90 ó 110 años, no hay impunidad", señaló.
"Dejémoslo ahí no más (en el hospital). Lo importante es que la justicia ha actuado y hay una sanción", insistió.
También se refirió a las declaraciones de Lucía Pinochet Hiriart, hija mayor del fallecido dictador Augusto Pinochet, a cuyo juicio a los militares enjuiciados por violaciones a los derechos humanos se les ha aplicado "la ley del embudo".
"Aquí se ha aplicado la ley del embudo, porque hay posibles delitos que se cometieron el año 1973, y para estas personas, los militares, no les prescribe; sin embargo para los terroristas que estaban metidos en lo mismo se les ha prescrito todo", señaló la concejala electa Pinochet Hiriart a periodistas.
Por el "episodio San Javier", además de Arellano y Romero, fueron condenados Mario Cazenave Pontanilla, José Parada Muñoz y Julio Barrios Espinace a cuatro años de presidio, pero con el beneficio de libertad vigilada.
Los magistrados absolvieron a Claudio Lecaros Carrasco y Gabriel del Río Espinoza.
En lo civil, la Justicia estableció que el Fisco deberá pagar 80 millones de pesos (unos 130.000 dólares) como indemnización por daño moral a los querellantes del caso.
