Familiares de los fallecidos en un operativo antidroga en la discoteca News Divine pidieron hoy al ombudsman (Defensor del Pueblo) que se pronuncie sobre la muerte de tres menores por golpes de la policía y no por asfixia, como aseguraron las autoridades.
A tres días de que se cumpla un año de la tragedia, que dejó nueve jóvenes y tres policías muertos, familiares de los adolescentes fallecidos se manifestaron frente a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside José Luis Soberanes.
Los congregados pidieron al Defensor del Pueblo que emita nuevas recomendaciones a las autoridades competentes, particularmente por el caso de los tres menores muertos a golpes.
Según la versión oficial, los jóvenes habían fallecido por asfixia, ya que decenas de agentes policiales bloqueaban la única salida del local y en el interior se formó un tumulto por el calor y la falta de luz y aire.
Sin embargo, de acuerdo con los dictámenes médicos solicitados por los padres, los jóvenes Isis Tapia, Mario Ramos y Erika Rocha perdieron la vida por traumatismo craneoencefálico y cérvico medular.
"Después de varias solicitudes por escrito, la PGJDF (fiscalía del Distrito federal) nos entregó hace tres semanas los dictámenes en los que se evidencia que nuestros hijos no murieron a causa de asfixia, como lo aseguran las autoridades", dijo Juan Piedras, uno de los padres de familia afectados por la tragedia.
A estos tres casos se suma el de Rafael Morales, de quien a principios de este año se denunció que no había fallecido de asfixia, sino por golpes en la cabeza y tórax.
Los manifestantes fueron recibidos por empleados de la CNDH, a quienes entregaron copias de la documentación pertinente certificadas como pruebas para que el ombudsman emita nuevas recomendaciones a las autoridades involucradas.
"Nos damos cuenta de que los policías llegaron a maltratar, lesionar y matar, por lo que exigimos se aplique todo el rigor de la ley a los responsables", dijo Angélica Maruri Avilés, otra madre de familia.
La activista lamentó que, casi un año después de la tragedia, "ningún funcionario de alto nivel ha sido señalado como probable responsable".
El fallido operativo antidroga, plagado de mala praxis e irregularidades, le costó el puesto al entonces fiscal del Distrito Federal, Rodolfo Félix Cárdenas, y al secretario de Seguridad Pública capitalino, Joel Ortega.
Se produjeron varias detenciones de cariz menor, incluida la del mando del operativo, que salió libre bajo fianza. En julio pasado, el lugar fue expropiado para convertirlo en un centro juvenil. Pero los padres afectados no están satisfechos con las medidas adoptadas por el Gobierno de la ciudad, que califican de insuficientes.
