Los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, y Uruguay, José Mujica, acordaron hoy en Buenos Aires la construcción de una planta regasificadora conjunta, en medio de los reclamos uruguayos por las trabas al ingreso de sus productos al mercado argentino.
La planta flotante estará localizada en aguas del Río de la Plata, a unos 12 kilómetros de la costa uruguaya, a la altura de la desembocadura del Arroyo Solís Grande, y supondrá una inversión de 70 millones de pesos argentinos (17,2 millones de dólares).
El proyecto permitirá a Argentina y Uruguay contratar un servicio de regasificación para inyectar 10 millones de metros cúbicos por día y proveer gas natural a ambos países durante quince años a partir de 2013, informó el Ministerio de Planificación argentino.
El acuerdo fue suscrito entre el ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, y el ministro Interino de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Edgardo Ortuño, tras la reunión mantenida por los presidentes en la quinta de Olivos.
El Ejecutivo uruguayo ya había anunciado la iniciativa en diciembre, financiada íntegramente por privados, que tendrán la garantía de compra del gas por parte de ambos Gobiernos, precisó entonces.
El motivo oficial del encuentro de hoy era la firma del acuerdo energético, aunque Mujica adelantó esta semana su intención de tratar con Fernández las quejas de los exportadores uruguayos por la decisión argentina de ampliar de 400 a 600 los productos incluidos en el sistema de licencias no automáticas a las importaciones.
La resolución, que entrará en vigor a comienzos de marzo, somete el trámite del permiso de importación a un proceso de revisión que puede durar hasta 60 días, plazo que puede complicar el comercio de productos perecederos.
El Gobierno de Fernández adoptó esta medida para proteger a determinados sectores industriales argentinos de una supuesta "competencia desleal" desde el exterior.
Argentina ya había adoptado disposiciones similares en 2008, cuando estalló la crisis global, lo que provocó críticas de Brasil y China.
En esta ocasión, las protestas llegaron también de Brasil y Uruguay, socios de Argentina en el Mercosur.
En el caso brasileño, Buenos Aires resolvió crear una comisión para supervisar el ingreso de sus productos sin demoras y propuso después a Montevideo una salida similar.
Según cálculos de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), la medida podría suponer pérdidas por unos 100 millones de dólares, con 585 productos afectados, un quinto de las exportaciones a Argentina.
El año pasado, Argentina exportó a Uruguay por valor de 1.530 millones de dólares, un 5 por ciento menos que en 2009, e importó de su vecino 573 millones de dólares, con un alza interanual del 65 por ciento.
