El fiscal nacional de Chile, Sabas Chahuán, reconoció hoy que el Ministerio Público chileno podría recalificar los delitos antiterroristas asociados a la causa mapuche tras los juicios orales contra los comuneros.
"Estamos obligados a aplicar la ley y procesalmente no se puede (recalificar), atendiendo a que las acusaciones ya se aplicaron", dijo Chahuán en la presentación de las estadísticas del período enero-septiembre.
"Lo que sí se podría, porque hay una facultad que tiene los jueces, a petición de la Fiscalía, los querellantes e incluso los propios imputados, es que después del juicio oral, cuando hay un cierre del debate, se puede llamar a recalificar por los miembros del tribunal", añadió.
El jefe de la Fiscalía Nacional, sin embargo, rechazó aplicar este criterio en el caso del atentado contra el fiscal Mario Elgueta.
"Es un atentado terrorista acribillar a un fiscal con 300 disparos a la comitiva", sostuvo Chahuán.
El 15 de octubre de 2008 un grupo de encapuchados tendió una emboscada al fiscal Mario Elgueta y a varios agentes que le acompañaban.
En ella resultaron heridos tres inspectores, dos sargentos y el propio fiscal Elgueta, quien recibió perdigonadas en las manos.
"Si corresponde recalificar, los fiscales lo harán", afirmó Chahuán.
Sin embargo, en el caso del fiscal Elgueta, "aún cuando se pudiera, no deberían hacerlo", concluyó.
Rodrigo Curipán, portavoz de los comuneros presos en la cárcel de la ciudad de Angol, consideró "confuso" el anuncio del fiscal nacional.
"El fiscal lo que intenta es dejar la responsabilidad sobre los tribunales", añadió Curipán, que criticó en declaraciones a periodistas que Chahuán quiera mantener la ley antiterrorista en el caso del ataque al fiscal, "que es de su misma línea".
Natividad Llanquileo, portavoz de los presos de Concepción, consideró en tanto "curiosa" la decisión de dejar a un lado el caso del fiscal, pues implica una aplicación diferente del principio de la presunción de inocencia.
"¿Quiere decir que la vida de un fiscal vale más que la vida de cualquier otra persona?", se preguntó.
La no aplicación de la ley antiterrorista en sus juicios fue una de las demandas de más de 30 presos mapuches que mantuvieron una huelga de hambre de casi tres meses de duración en varias cárceles del sur de Chile.
Los huelguistas, que se consideraban presos políticos, también exigían no ser sometidos a un doble juicio, ante tribunales civiles y militares, ni que en los procesos se utilizaran testigos sin rostro.
El Gobierno envió y el Congreso aprobó proyectos que reformaron algunos aspectos de la legislación antiterrorista y de la Justicia Militar, además de recalificar algunas querellas contra comuneros, retirando la invocación de la ley antiterrorista.
Con ello logró que los comuneros depusieran el ayuno, pero hasta ahora la Fiscalía había descartado la posibilidad de recalificar los juicios contra los mapuches, que están presos por delitos relacionados con las demandas de tierras que algunas comunidad mantienen en el sur del país.
