Los funcionarios del opositor Partido Colorado de Paraguay, agrupación derrotada en los comicios generales del 20 de abril pasado tras 61 años en el Gobierno, protestaron hoy en Asunción para exigir el pago de salarios atrasados.
Decenas de funcionarios se manifestaron ante la sede de la Junta de Gobierno (buró) del Partido Colorado para exigir el desembolso de unos 600 millones de guaraníes (alrededor de 130.000 dólares) para el pago de sueldos a unos 250 empleados de esa agrupación.
Los funcionarios anunciaron que si no cuentan con una respuesta favorable por parte del presidente de los "colorados", Osvaldo Domínguez Dibb, procederán a partir de mañana a bloquear el acceso a la Junta de Gobierno y a realizar cortes intermitentes de tráfico ante esa sede, en el centro capitalino.
Por su parte, voceros del Partido Colorado anunciaron que ya han solicitado al Ministerio de Hacienda el desembolso de los montos requeridos y que en las próximas horas regularizarán los pagos.
El Partido Colorado atraviesa por una crisis que se vio acrecentada tras la derrota de los comicios de abril ante la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), coalición encabezada por el ex obispo Fernando Lugo, quien ejerce la Presidencia del país desde el 15 de agosto pasado.
Una fracción "colorada" liderada por el ex mandatario Nicanor Duarte instaló el 16 de septiembre pasado una directiva presidida por la senadora Lilian Samaniego, paralela a la que comanda desde el 31 de julio el empresario Osvaldo Domínguez Dibb.
Samaniego fue elegida por la mayoría de los 90 miembros de la Junta de Gobierno en un acto llevado a cabo fuera de la sede partidaria, mientras que Domínguez fue favorecido por un fallo judicial por ser el segundo candidato más votado en los comicios internos del 2006.
La Presidencia "colorada" estuvo vacante durante un tiempo tras la renuncia de Alberto Alderete, el elegido por Duarte, quien por su parte pensaba retomar las riendas del partido tras finalizar su mandato.
La dimisión de Alderete, en la primera secuela de la derrota electoral, disparó la crisis y la confusión, ya que la decisión no fue aceptada por la Junta de Gobierno, que desde entonces no se ha vuelto a reunir.