Los funcionarios públicos uruguayos cumplen hoy una huelga de doce horas en Montevideo y de toda la jornada en el resto del país para reclamar mejores salarios y rechazar el decreto que les obliga a trabajar desde esta jornada al menos seis horas diarias.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) convocó a la movilización y diferentes sindicatos marchan durante la jornada por el centro de Montevideo, donde reside la mitad de los 3,4 millones de habitantes del país, y se concentran frente al Poder Legislativo para respaldar sus reclamos.
En el Parlamento se analiza actualmente el presupuesto de gastos de la administración del presidente José Mujica (2010-2015).
Representantes sindicales de varios gremios recorren los despachos de los legisladores para intentar convencerles sobre la necesidad de mayores recursos destinados a salarios.
Además de COFE, la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo (Afutu), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (Feuu) y la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) se concentran durante la jornada frente al Legislativo para respaldar el reclamo de mayores recursos para la educación.
Simultáneamente, un grupo conformado por representantes de varios gremios de la educación concurren a las barras (tribunas) del Senado para presionar a los parlamentarios que estudian el presupuesto.
A partir de un decreto aprobado por Mujica como parte de la reforma del Estado que impulsa administración y que rige desde hoy, unos 600 funcionarios públicos, la mayoría de ellos titulados universitarios, deberán trabajar al menos seis horas.
Las autoridades de cada ministerio y del resto de las oficinas públicas serán los responsables de controlar la asistencia y que se cumplan los horarios establecidos, señalaron fuentes oficiales.
Los funcionarios que no cumplan enfrentan una escala de sanciones que puede llegar a los 180 días de suspensión en caso de reiteraciones.
De acuerdo a cifras oficiales, Uruguay cuenta con 256.000 funcionarios públicos, equivalentes al 7,6 por ciento de la población uruguaya.
Los funcionarios representan el 17 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) del Uruguay, que se ubica en 1,5 millones de personas.
La ola de conflictividad que afecta el país desde hace varias semanas incluye una docena de sectores, aunque en algunos el Gobierno logró acuerdos.
La banca oficial continúa en conflicto también en reclamo de mejores salarios y otras reivindicaciones.
Los trabajadores del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), el más grande del país, rechazan algunas medidas dispuestas por el directorio y a pesar de las largas negociaciones con mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no se logró un acuerdo.
Las medidas de fuerza de la banca bloquearon el pago de miles de cheques, dejaron sin dinero algunos cajeros automáticos y ocasionaron otras dificultades en la plaza financiera.
Los escribanos realizan una huelga de 72 horas que se extiende hasta el viernes, la primera de tal magnitud en la historia.
Los notarios rechazan la decisión del Gobierno de incorporar a partir del 1 de enero próximo la Caja de Auxilio Notarial, que garantiza la asistencia sanitaria y otros beneficios a 6.000 escribanos jubilados y en actividad, al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Como parte de sus protestas, además de la imposibilidad de realizar trámites de compra-venta y registros, los escribanos decidieron no regularizar durante diez días el pago de impuestos a las transacciones y otros de los cuales son agentes de retención.
A partir de mañana, el gremio de la construcción se sumará a la ola de huelgas con detención de actividades al mediodía para participar en asambleas y analizar la propuesta de aumento de salario de las empresas.
En los últimos días, el Gobierno logró acuerdos que pusieron fin a medidas de lucha de médicos y funcionarios judiciales.
Además de los reclamos de los gremios de funcionarios públicos para conseguir la mejor tajada en el Presupuesto de gastos del Estado, buena parte de la conflictividad se debe a las negociaciones entre empresarios y trabajadores, con mediación oficial, en los Consejos de Salarios.
