Cientos de miembros de la Federación Nacional de Servidores Públicos de Panamá (Fenasep) marcharon hoy en rechazo a una Ley que reforma la carrera administrativa porque, según ellos, amenaza la estabilidad de al menos 30.000 funcionarios.
La marcha partió desde el Parque Porras, en el centro de la capital, hasta la Presidencia de Panamá, donde se improvisó un mitin para exigirle al presidente panameño, Ricardo Martinelli, que vete la ley aprobada por la Asamblea Nacional.
Martinelli se encuentra en Costa Rica para participar en la Cumbre de Tuxtla, la primera reunión presidencial a la que asiste.
Una delegación de los manifestantes, que quemó una muñeca con la imagen de la directora de la carrera administrativa, Mariela Jiménez, fue recibida por la viceministra de la Presidencia, María Fábrega, a quien entregó un pliego de peticiones, dijo a Efe una fuente oficial.
Alfredo Berrocal, el secretario general de la Fenasep, dijo a los periodistas que Martinelli debe vetar esta ley porque es "inconveniente, atenta contra la institucionalidad y compromete los recursos económicos del Estado" en caso de una eventual demanda por el despido de los servidores públicos.
Berrocal recordó que el Estado panameño fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pagar unos 50 millones de dólares por el despido en 1990 de 203 funcionarios, y precisó que esta nueva ley le puede costar al país "arriba de cinco mil millones de dólares".
El dirigente sindical no descartó presentar demandas contra las reformas a la carrera administrativa, tanto a nivel local como internacional.
La Fenasep señaló en un comunicado que la Ley aprobada "pretende deshacer el derecho a la estabilidad de miles de servidores públicos en perjuicio de claros preceptos constitucionales".
La Ley que modifica la carrera administrativa y legislativa fue aprobada cerca de la medianoche del lunes con el voto mayoritario de los diputados de los partidos de la alianza de Gobierno.
Entre los principales cambios que se introdujeron se deja sin efecto la incorporación de funcionarios a la carrera administrativa desde julio de 2007 y se autoriza al nuevo Gobierno a nombrar a servidores públicos sin la condición de carrera hasta el 31 de julio de 2012, lo que, según la Fenasep, "sólo parece responder a criterios del más puro clientelismo político-partidista".
También se dejó sin efecto la acreditación de 196 funcionarios aduaneros realizada mediante decreto ejecutivo el 25 de junio pasado, cinco días antes de que finalizara el mandato del gobierno de Martín Torrijos.
De acuerdo con un informe de la mayoría parlamentaria, la nueva ley busca el rescate del sistema de méritos en la administración pública y la Asamblea Nacional.
El diputado Leandro Ávila, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo que las reformas a la carrera administrativa pueden dejar sin empleo a más de 30.000 funcionarios.
Según cifras oficiales, de los cerca de 40.000 funcionarios que fueron acreditados en la carrera administrativa entre 1998 y 2009, más de 32.000 lo fueron en la administración de Torrijos.
