El ex alcalde y ex fiscal neoyorquino Rudolph Giuliani dijo hoy en Bogotá que el ciudadano necesita saber que el Gobierno no escucha sus charlas privadas mediante la herramienta de la interceptación de comunicaciones.
"Los ciudadanos necesitamos saber que el Gobierno no está escuchando nuestras conversaciones privadas", defendió el abogado y político estadounidense en alusión al escándalo desatado en Colombia por las escuchas y seguimientos ilegales hechas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia).
Giuliani opinó que la interceptación de las comunicaciones es "una herramienta muy efectiva, pero se debe hacer correctamente, bajo la ley".
La trama de las escuchas ilegales se dio durante gran parte de los dos Gobiernos del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y alcanzó a magistrados, políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos.
Además de Uribe, que es investigado por un comité de la Cámara de Representantes, varios funcionarios y ex funcionarios DAS han sido procesados por su implicación en el escándalo, entre ellos la ex directora de esa central María del Pilar Hurtado, que recibió asilo en Panamá.
En una reunión con la prensa en Bogotá, adonde viajó para intervenir en un foro sobre seguridad convocado por el diario El Espectador, Giuliani defendió que la interceptación telefónica "es una herramienta muy valiosa para la ley y para recopilar información".
Pero "no es la única, y se debe y puede hacer de manera legal", advirtió Giuliani, quien se desempeño como fiscal de distrito de Nueva York antes de asumir como alcalde de Nueva York, cargo que ejerció por dos períodos, de 1994 a 2001, y desde el que afrontó los atentados terroristas de hace nueve años contra las Torres Gemelas.
Como fiscal "escuché miles de miles de miles de horas de grabaciones y jamás tuve un problema con la legalidad de esas interceptaciones y todas las órdenes fueron emitidas por los jueces y después fueron utilizadas para litigar en los tribunales", dijo.
Giuliani subrayó que hizo uso de manera agresiva de esta herramienta para poder judicializar a los integrantes de las mafias italianas, tanto en Estados Unidos, como en el país europeo, "obviamente, bajo la legislación vigente americana".
"En Estados Unidos es un delito grave revelar esa información contenida en la interceptación, a menos que se haga en la Corte, con un propósito específico", defendió Giuliani.
