El Gobierno de Costa Rica avaló a una nueva junta directiva de los empleados portuarios del Caribe integrada por dirigentes que apoyan su proyecto de privatización de los puertos, mientras el sindicato anunció hoy que luchará contra lo que consideran un "golpe".
Ronaldo Blear, quien hasta hoy era el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente del Atlántico (Sintrajap), declaró hoy a periodistas que esta agrupación ha sido víctima de un "golpe de estado al sindicalismo" por parte del Gobierno.
En una resolución con fecha del pasado viernes y hecha pública hoy, el Ministerio de Trabajo avaló una asamblea de trabajadores celebrada el 15 de enero pasado en la que se eligió una nueva junta directiva.
En esa asamblea, no convocada por Sintrajap, 687 de los cerca de 1.000 empleados de Junta de Administración Portuaria de la Vertiente del Atlántico (Japdeva) votaron a favor de la concesión portuaria que impulsa el Ejecutivo, pero a la cual el sindicato comandado por Blear se opone rotundamente.
La resolución afirma que "entiende este departamento (del Ministerio) que la junta directiva es simple depositaria de la voluntad de la asamblea general y que como tal puede, en circunstancias como las presentes, recuperar sus potestades, tal cual sucedió en este asunto",
En tanto, Blear afirmó: "Vamos a dar la lucha en las calles y en los tribunales de justicia" y recordó que la directiva sindical liderada por él tiene previsto terminar su periodo en febrero de 2011.
La nueva cúpula sindical, conformada por 14 personas, es liderada por Douglas Brenes, un capitán de remolcadores con 29 años de experiencia en los puertos caribeños, por donde se mueve el 80% del comercio internacional de Costa Rica.
Este nuevo liderazgo sindical está de acuerdo en la concesión de los puertos a cambio de una indemnización de 137 millones de dólares que el Estado se comprometió a pagar.
Para modernizar los puertos de Moín y Limón, el Gobierno calcula que son necesarios 800 millones de dólares, una cifra que asegura es imposible invertir con recursos públicos y que sólo podría cubrir una empresa privada.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) ha insistido en los últimos meses en la necesidad de entregar a una empresa privada los puertos caribeños, para aumentar la competitividad del país.
La eficiencia de los puertos del Caribe ha sido criticada por el sector exportador debido a la lentitud con la que algunas veces se trabaja, lo que provoca retrasos en las entregas y recepción de productos.
