El Gobierno de Panamá y los dirigentes indígenas Ngäbe Buglé acordaron hoy una suspensión temporal del polémico proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que se desarrolla parcialmente dentro de la comarca de esa etnia, mientras se revise el plan de manejo ambiental.
El Gobierno y los líderes indígenas anunciaron esta decisión en un comunicado leído al concluir su sesión de diálogo de hoy para definir la explotación de los recursos naturales en la comarca Ngäbe Buglé y que desde este fin de semana tiene lugar, a puerta cerrada, en la sede de las Naciones Unidas a orillas del Canal interoceánico.
El mediador y obispo de la ciudad occidental de David, José Luis Lacunza, leyó el comunicado en el se acuerdan los términos para una revisión técnica, "con carácter inmediato", de la evaluación de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
También se acordó un peritaje independiente posterior a la revisión técnica del impacto ambiental del proyecto, así como la "suspensión temporal de los trabajos por el periodo del peritaje".
Los términos de este peritaje serán discutidos una vez concluya la revisión de la evaluación de impacto ambiental, agregó.
El diálogo, que se aplazó hasta el lunes próximo, gira en torno a la definición de una ley que crea un régimen especial para la explotación de los recursos minerales e hídricos en la comarca Ngäbe Buglé, que finalmente deberá aprobar el parlamento panameño.
Barro Blanco, de capital centroamericano, se desarrolla fuera de la comarca indígena y solo ocupa unas 6,8 hectáreas de ese territorio, pero los líderes Ngäbe Buglé han pedido al Gobierno cancelarlo e indemnizar a la empresa Genisa, que lo impulsa.
El Ejecutivo panameño presentó la semana pasada una propuesta para garantizar la protección de los recursos hídricos con la participación de las autoridades tradicionales, frente a la de los indígenas, que piden eliminar Barro Blanco y otros dos proyectos hidroeléctricos que, según el Gobierno, están fuera de la comarca.
El Gobierno ya se comprometió a modificar la ley minera para que se prohíba expresamente la minería en la comarca, tras los violentos incidentes del 5 de febrero para despejar la vía Interamericana después de seis días de bloqueos a la altura de las provincias de Veraguas y Chiriquí, que dejaron dos muertos y decenas de heridos, incluidos varios policías.
Hoy se cumplió un mes de esos incidentes y en varias comunidades de la comarca se efectuaron vigilias en memoria de las víctimas.
Además, diversas organizaciones panameñas defensoras de los derechos humanos denunciaron hoy ante la Fiscalía al menos 14 violaciones de las garantías fundamentales de los participantes en esas protestas, así como tres supuestas violaciones a mujeres indígenas.
