El Gobierno paraguayo ordenó hoy el despliegue de tropas del Ejército en el centro y noreste del país para perseguir a un grupo armado que el 31 de diciembre pasado robó armas y proyectiles tras atacar un puesto militar.
"A partir de las seis de la mañana de hoy, las Fuerzas Armadas están dando el respaldo logístico a la Policía Nacional" en los departamentos de San Pedro (centro), Concepción y Amambay, en la frontera con Brasil, anunció el ministro de Interior, Rafael Filizzola.
El ministro explicó en una rueda de prensa que el despliegue de las tropas militares, de cuyo número no quiso informar, tiene por objetivo "acompañar el trabajo de la Policía donde han ocurrido hechos que preocupan al Gobierno".
"Con este operativo pretendemos mejorar la capacidad del Estado para capturar a aquellos delincuentes que tienen mayor grado de especialización", aseveró Filizzola, en alusión al autodenominado grupo de izquierda Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Este grupo se atribuyó la quema de un puesto militar de Tacuatí, en el límite de los departamentos de San Pedro y Concepción, y el robo de dos ametralladoras y dos cargadores con 90 proyectiles tras neutralizar a uno de los tres militares asignados en el sitio.
Al EPP también se le ha responsabilizado de la destrucción hace dos años de una comisaria policial de una apartada localidad del departamento de Concepción.
Filizzola explicó que la movilización militar en esas regiones fue decidida en el marco de la comisión de crisis creada el pasado día 7 y aclaró que a cargo de las operaciones estarán las autoridades policiales.
Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Bareiro Spaini, también se excusó de ofrecer detalles sobre el tiempo que durará la operación y el tamaño del contingente, aunque sí señaló que en el mismo se incluye "un batallón reforzado con elementos de las tres fuerzas".
El ataque atribuido al EPP se suma a otros atracos violentos protagonizados por grupos armados contra establecimientos ganaderos y agrícolas de esas regiones, donde proliferan las ocupaciones de haciendas por parte de los denominados grupos "sin tierra".
"El aumento del personal de seguridad en la zona es sumamente importante, además de las fuerzas policiales que ya fueron enviadas a la zona, estamos hablando de varios centenares de militares y policías", apuntó Filizzola.
El ministro de Interior reafirmó que "nunca minimizó" lo ocurrido en Tacuatí y aseguró que el Gobierno no considera guerrilla al EPP, sino "gente que delinque para beneficiarse económicamente".
"Lo que quieren es ganar notoriedad, presentándose como luchadores de una causa popular, pero eso es un objetivo propagandístico. No vamos a caer en el error de reconocerle una envergadura que no tiene", enfatizó el ministro.
Carmen Villalba, condenada a 15 años de prisión por el secuestro en 2001 de la esposa de un acaudalado empresario del sector de la construcción y declarada simpatizante del EPP, dijo la semana pasada a la televisión que las armas robadas "dispararán hacia los ricos y sus intereses".
