El Primer Ministro de Perú, Javier Velásquez Quesquén, afirmó hoy que no se va a dar "marcha atrás" en la decisión de expulsar al religioso británico Paul Michael John Thomas McAuley por participar en protestas en la selva peruana, aunque garantizó el debido proceso en su probable apelación.
Velásquez Quesquén manifestó a los periodistas que, según los convenios internacionales, "los extranjeros no pueden participar en las actividades políticas" ni alentar "protestas encubiertas bajo el manto de una supuesta defensa del medio ambiente".
"Nosotros le decimos a los extranjeros que respeten las leyes peruanas (...), entonces no vamos a dar marcha atrás en la decisión que hemos tomado, pero sí garantizamos el debido proceso, este es un acto administrativo que puede ser apelado, puede ser reconsiderado", indicó.
El Ministerio del Interior ordenó el pasado 11 de junio la expulsión de McAuley, que preside la Asociación "Red Ambiental Loretana" desde 2006, por participar en marchas de protesta en la ciudad de Iquitos "contra el Estado peruano" y otros actos "que constituyen alteración del orden público", según la norma.
McAuley recibió la notificación el jueves pasado, tras lo cual explicó a Efe que en su trabajo con la red ambiental se dedica a "monitorear el uso de los recursos naturales y sobre todo los derechos de los que viven en medio de los bosques".
El religioso de la orden de La Salle añadió que durante sus actividades presentó recursos ante el Tribunal Constitucional contra las concesiones forestales y denuncias por contaminación petrolera a empresas como la argentina Pluspetrol.
Al respecto, el primer ministro dijo hoy que su país "reconoce la enorme contribución que la Iglesia Católica ha dado en el proceso de desarrollo histórico" de Perú, pero que "no se puede permitir que extranjeros en el país realicen actividad soliviantando protestas contra un modelo de desarrollo que todos los peruanos" apoyaron en las urnas.
Velásquez Quesquén rechazó que el actual Gobierno de Alan García pueda ser considerado como vocero de las "empresas petroleras o mineras" porque, según dijo, lo que defiende es el empleo y las inversiones que lo generan.
"Lo que no permitimos es que extranjeros, ni peruanos, puedan desinformar al país generando olas de protestas en un arrebato de violencia, pues el Estado de derecho tiene herramientas para defenderse", apuntó.
McAuley ha confirmado que sus abogados pedirán que se anule la resolución que ordena su expulsión e indicó que espera "por lo menos" tener un mayor plazo para dejar el país, ya que su autorización de permanencia vence el próximo jueves.
