Más de mil miembros de grupos campesinos y de organizaciones civiles y sindicales de Paraguay marcharon hoy en Asunción para exigir al jefe de Estado, Fernando Lugo, una reforma agraria y cambios en la Fiscalía y en el Poder Judicial.
Los integrantes del Frente Patriótico Popular y del Consejo de Resistencia Popular realizaron una marcha en el centro capitalino y protestas ante las sedes de la Fiscalía y del Congreso, similares a las realizadas del día 4 al 6 pasado por el Frente Social y Popular, que también presentó a Lugo los mismos reclamos.
A diferencia de las manifestaciones de hace dos semanas, en la que casi un centenar de personas resultaron heridas durante enfrentamientos con la Policía, hoy no se produjeron incidentes más allá de los atascos en horas de alto tráfico.
La marcha también incluyó a integrantes de grupos de denominados "sin techo" (ocupantes ilegales de viviendas), quienes exigen mayor asistencia y el cambio de las autoridades de la Secretaría de Acción Social, encargada de la ejecución de obras de viviendas populares.
Los coordinadores de la protesta anunciaron que la medida de fuerza continuará mañana y que incluye además bloqueos intermitentes de carreteras en al menos diez de los 17 departamentos del país.
Los manifestantes exigen juicio político para los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, Rubén Candia, acusados de responder a los intereses del anterior gobernante, Nicanor Duarte, del opositor Partido Colorado, que perdió el poder tras 61 años de Gobierno en los comicios generales del 20 de abril pasado.
La protesta del Frente Patriótico Popular y del Consejo de Resistencia Popular se lleva a cabo cinco días después de la creación de la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria, para atender, entre otras cosas, el conflicto generado en el campo ante el aumento de las amenazas de invasiones de haciendas por parte de grupos de campesinos "sin tierra".
El nuevo organismo buscará garantizar "la seguridad y tenencia de la tierra y los recursos, el libre acceso al conocimiento y la tecnología, y el apoyo al uso de la tierra para fines productivos, evitando su concentración en manos improductivas", informó la Presidencia.
Los "sin tierra" sostienen que numerosas propiedades fueron compradas o arrendadas ilegalmente en su día por productores brasileños y que los cultivos mecanizados como el de la soja depredan los bosques y contaminan el medioambiente.
